La Generalitat debe 13 millones a los centros de menores

El Govern acumula desde hace meses una deuda con las entidades de acogida de menores que asciende a más de 13 millones de euros. Tras la emergencia por la llegada y necesidades de acogida de menores migrantes, las entidades han lamentado este lunes que los impagos les dejan en una situación muy vulnerable, y han afirmado que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) lleva años “en una dinámica insostenible” para el sector.

Los impagos corresponden a servicios públicos concertados en pisos asistidos para jóvenes, Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), servicios de mergencia o centros de acogida.Las patronales La Confederació del Tercer Sector Social y la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (Fedaia) denuncian que estas deudas causan “inseguridad jurídica y económica” y “graves dificultades, tensiones y malestar en las organizaciones y en los profesionales”.

De los 13 millones, seis corresponden a facturas de septiembre que debían abonarse a finales de noviembre, y otros siete millones son facturas anteriores. Las entidades estudian presentar una demanda para reclamar a la Generalitat los intereses de demora, ya que han tenido que hacer frente a los impagos con fondos propios o mediante créditos.

Las entidades y fundaciones privadas que gestionan de forma concertada en sus centros el servicio de acogida de menores llevan años con la sensación de ser víctimas de la dejadez de la administración. La DGAIA tiene congeladas desde hace una década las tarifas que paga a las entidades por su servicio externalizado. Desde entonces han tenido que hacer frente al incremento de los costes, en detrimento de la calidad del servicio o de la competitividad de los salarios de los trabajadores, que cobran menos que los educadores que trabajan en un centro propio de la Generalitat.

A esta situación se le añadió, hace dos veranos, un incremento masivo de la llegada de jóvenes migrantes, que el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, calificó entonces de “emergencia de país”. La emergencia ha pasado a gestionarse diariamente en los centros, y pese al aumento de instalaciones de acogida, las entidades denunciaron ayer que las dificultades derivadas de los impagos de la Generalitat ponen al límite sus tesorerías.

“Los impagos se han ido alargando este año por un cambio administrativo de la Generalitat, y ello comporta un agravio comparativo entre las entidades de gestión externa y las de gestión propia”, señala Elisenda Xifré, presidenta de la Fedaia. “No podemos dejar de atender a los menores, pero afecta a nuestro valor añadido”, añade Laia Grabulosa, directora de la Confederació.