Afectados por la Sagrada Familia acusan al consistorio de falta de transparencia

Vecinos y afectados por las obras de la Sagrada Familia acusaron ayer miércoles al Ayuntamiento de Barcelona de “falta de transparencia” y de someterse a los intereses de la Junta Constructora en sus planes expansivos. En una previa al Consell de Barri, dedicada monotemáticamente a la Sagrada Familia, cerca de 200 vecinos abarrotaron la sala del centro cívico en un encuentro con el regidor del distrito, Jordi Martí, que se comprometió a mejorar la comunicación y a que no se tomará ninguna decisión fuera de una mesa a cuatro bandas.

Las manos se alzaron inmediatamente en la sala antes de que el regidor, Jordi Martí, acabara su intervención en la que intentó hacer un resumen y estado de la cuestión de las obras de la Sagrada Familia y del futuro de ella. El malestar de los residentes del barrio y de forma especial de los afectados por los planes del templo de construir una gran escalinata en la fachada de la Glòria en la calle de Mallorca —lo que supondría el derribo de decenas de fincas de pisos y negocios— se ha agravado en los últimos días tras la compra del solar de Aguas de Barcelona por la Junta Constructora. Una pieza de más de 5.000 metros cuadrados y calificada de equipamiento, en la calle de Mallorca, en la manzana contigua al templo, que siempre se ha barajado para la hipotética ubicación de los pisos de parte de los afectados. “¿Qué piensan hacer? ¿Lo mismo que hicieron con la licencia, que se dio de espaldas a los afectados?”, inquirió Salvador Barroso, vecino y miembro de la Asociación de Afectados.

A su voz, se unieron otras: “Mientras el Ayuntamiento está a la defensiva, el templo está a la ofensiva”, se quejó Joan Itxaso, de la asociación Sagrada Familia. “Yo no pienso ceder mis derechos ante los del templo”, terció Adela, ante el aplauso de sus convecinos. Álex, un joven del Agrupament Escolta Antoni Gaudí, se quejó de que el templo les eche sin contemplaciones del local que ocupan dentro de la manzana de la basílica. 

Martí asumió que entendía la preocupación y “el enfado” y se comprometió a impulsar una mesa a cuatro bandas: Ayuntamiento, templo, Asociación de afectados y de vecinos. Una comisión a la que se comprometió el consistorio en junio y cuya constitución ha aplazado sin fecha concreta.  El regidor dijo estar en contra de la escalinata que persigue el templo: “Porque ese elemento, como todos los posteriores a Gaudí, no se le pueden atribuir, como tampoco son patrimonio de la Unesco”.

Sin embargo, defendió el convenio que se firmó –que reportará 36 millones de euros en 10 años a las arcas municipales– y la licencia –de 4,6 millones de euros– que se concedió “porque había que regularizar las obras y lograr que la Sagrada Familia contribuyera al sobrecoste que suponen los millones de visitantes que recibe”. "El año pasado el templo reconoció unos ingresos de más de 100 millones de euros, así que contribuir con 36 en 10 años no es nada", le replicó un vecino. Martí dijo estar a favor de que el templo siga contribuyendo al sobrecoste y a todo el impacto que genera en el barrio, del que ha desaparecido el comercio de proximidad: "Tenemos solo tiendas del sistema capitalista que ha generado el turismo", se quejó otra joven.