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Azpiazu dice que la rebaja fiscal que plantea el PP le da escalofríos

Pone como condición para apoyar los presupuestos vascos una rebaja de ingresos de 1.500 millones de euros

Pedro Azpiazu durante su intervención en el Forum Europa de Bilbao.
Pedro Azpiazu durante su intervención en el Forum Europa de Bilbao.

El consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha asegurado este lunes que le da "escalofríos" la rebaja impositiva planteada por el PP para apoyar los presupuestos vascos de 2020, que ha cifrado en 1.500 millones de euros. "Hay que hacer planteamientos realistas y políticos, que sean posibles", ha dicho y añadido que no prevé una prórroga presupuestaria, según ha expuesto en una intervención en el Fórum Europa.

Azpiazu se ha mostrado confiado en que para el próximo 1 de enero estarán aprobadas las cuentas en el Parlamento Vasco, donde el Gobierno vasco, integrado por PNV y PSE/EE, carece de una mayoría suficiente. No ha avanzado, sin embargo, con qué partido cree posible pactar las cuentas, aunque ha precisado que con "algunos", en referencia a la propuesta del PP, "es mucho más complicado". También en alusión a los impuestos, y en concreto a la eliminación del Impuesto de Patrimonio, Azpiazu ha criticado que "se pida bajar impuestos, pero a la vez mantener la calidad de los servicios públicos", y ha remarcado que "nadie tiene una varita mágica para hacer milagros; necesitamos dinero para hacer cosas".

Tras pedir "responsabilidad" al hablar de reducciones impositivas, ha recordado que en el conjunto del Estado únicamente Madrid y La Rioja tiene el Impuesto de Patrimonio más bajo que Euskadi, y ha augurado que si finalmente se toma la decisión de eliminarlo "habrá que ver cómo afecta a la recaudación y a las políticas públicas". Ha reclamado, asimismo, "sentido común" en las reivindicaciones y ha aludido a la petición de devolución de las primas por jubilación anticipada que reclama la Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco (Adostuz), que junto a otros colectivos, sumarían 400 millones de euros. Dicha cifra "hace un roto" al Gobierno Vasco e "hipoteca" el futuro de Euskadi, a la vez que, según ha remarcado, supondría "dotar de una cantidad de dinero importante a un colectivo pequeño y de rentas medias y altas; sería injusto". "No tiene sentido mirar al pasado, porque unos perdieron primas y otros más cosas", ha dicho.

En lo relativo al sistema público de pensiones ha instado "a quienes tienen la obligación de liderar su consolidación" frente al déficit de la Seguridad Social a que "hagan su trabajo", a la vez que ha puesto en valor las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPVS) para generalizar "una cobertura complementaria suficiente para las rentas medias y bajas a través de los sistemas de empleo preferentes". En este ámbito ha anunciado que el Gobierno Vasco tiene una propuesta fiscal sobre dichas EPSV, que no ha desvelado, que presentará al órgano de coordinación tributaria, con el objetivo de "promover con persuasión un cambio cultural al respecto y darles un nuevo impulso". Respecto a las cifras macroeconómicas, Azpiazu ha apostado por "consolidar" un crecimiento potencial del 2% que se componga de, al menos, un punto de productividad y otro de empleo", y lo ha argumentado en la evidencia de que "la transición demográfica y la necesidad de relevo generacional reducirán el paro rápidamente y, posiblemente, se reactive la inmigración, como ya está ocurriendo".

Para 2019 se espera que la economía crezca un 2,2 % y el empleo un 1,6 %, y para 2020, se prevé un avance del PIB del 2 % y del empleo en un 1,2 %. Cara al futuro ha afirmado que queda "pendiente" la implementación de un sistema de evaluación de políticas públicas para evitar la "inercia presupuestaria" y diseñar un sistema completo que "regule la entrada y salida de las consignaciones presupuestarias y las reformas en las políticas".

En su intervención ha aludido también al conflicto que se mantiene en la red concertada de la enseñanza vasca y la reunión que mantienen este lunes en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) la patronal, sindicatos y el departamento de Educación, y tras destacar que se trata de un asunto que "preocupa enormemente porque afecta al derecho a la educación", se ha mostrado partidario de hacer "el esfuerzo necesario para solucionarlo".

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