Democracia a medida

El martes volvieron las caceroladas a Barcelona, esta vez, para protestar por las detenciones de diferentes personas pertenecientes a los autoproclamados CDR (Comités de Defensa de la República). Evidentemente, el reconocimiento de la libertad de expresión es indiscutible y, por tanto, su exteriorización, como ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la Constitución española, no plantea problema ninguno. Sin embargo, quizá deba reflexionarse sobre la causa que lo provoca. Cierto es que las citadas detenciones pueden generar incomprensión, enfado y otros sentimientos negativos, ya sea por considerar que no cabe imputar ninguna sospecha de responsabilidad penal a los privados de libertad, ya sea por la forma en que las detenciones se llevaron a cabo.

Las dudas sobre los indicios racionales que pudiera tener el juez de la instrucción, después de más de un año de investigaciones, pueden ser legítimas, claro. Sin embargo, de una sociedad sana políticamente cabría esperar cierta prudencia, sobre todo, de parte de los representantes institucionales. Representantes que lo son por y en un sistema democrático, que es el español, al que dicen aborrecer. Más allá de que el juez instructor impute, indiciariamente, delitos muy graves, lo cierto es que más de un año de investigación quizá debería llevar a la cautela, siempre respetando el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Es normal que familiares, amigos y vecinos consideren que los detenidos son buenas personas, incapaces de preparar actos como aquellos por los que se les persigue judicialmente. Ahora bien, las instituciones y sus titulares deberían siempre mantener la cabeza fría y recordar que son representantes de las instituciones de toda la ciudadanía, no solo de una parte, por mayoritaria que esta sea en ocasiones.

Por otra parte, llama igualmente la atención que esta duda casi conspiranoica sobre la forma torticera de actuar de la justicia española solo se manifiesta cuando los detenidos son personas que dedican su actividad a la causa independentista, en este caso, además, con formas poco amables, a veces violentas. En cambio, cuando estas detenciones se producen respecto de otros colectivos de personas, con otras ideas, de otras razas incluso, y siempre desde el respeto escrupuloso de la presunción de inocencia, no se oyen ni gritos, ni exabruptos contra el sistema judicial español ni contra el cuerpo policial que ejerza de policía judicial en el caso, ni el repique de ninguna cazuela. Es obvio que cada cual elige sus causas, pero quizá cabría plantearse si el problema es la falta de garantías o la desproporción en la ejecución de determinadas detenciones o, más bien, que esta se dirija contra “uno de los nuestros”. Lo primero supondría tener que hacer una valoración global de la actuación de las policías en España y, consecuentemente, intentar hacer propuestas de cambio y profundización en la mejora de los protocolos policiales. En el supuesto de “uno de los nuestros”, se trata únicamente de instrumentalizar políticamente una detención concreta.

Es evidente que en España, en ocasiones, las instituciones públicas, de cualquier tipo y de cualquier nivel de gobierno, provocan quiebras de derechos y abusos de derecho, esto es, se producen incumplimientos de la ley. Sin embargo, las titulares de los poderes públicos catalanes no están para dar muchas lecciones, teniendo en cuenta que una parte importante de la responsabilidad de la situación en la que estamos se remonta a la abdicación del Derecho de los líderes independentistas que iniciaron hace dos años.

El rechazo a todo lo que sea institución “española” por una parte del independentismo que, además, se dedica a jalearlo, no es una buena táctica para nadie, porque solo lleva a mayor crispación y enfrentamiento. Se predispone a una parte de la sociedad contra la estructura institucional española y, también, contra una mitad de catalanes y catalanas. En este escenario, la posibilidad de generar alianzas en Cataluña entre independentistas y no independentistas es prácticamente imposible porque a los segundos se les identifica como amigos del estado opresor. Así, pensar, por ejemplo, que una potencial condena por rebelión o sedición es un error, no implica pensar que España no es una democracia o que es un estado fallido. La diferencia es que para unos las instituciones españolas son el enemigo a abatir; para los otros, España es un espacio político compartido que necesita de reformas y mejoras. Para los primeros, la posición de los segundos es irreconciliable con el camino destructivo que han elegido para alcanzar la independencia. Para los segundos, los primeros han optado por instrumentos de dudosa democraticidad y el fin no justifica los medios. En ningún caso.

Argelia Queralt es profesora de Derecho Constitucional en la UB.