El proceso del Lluçanès
Antes de seguir apostando por consultas plebiscitarias para resolver disputas territoriales en sociedades divididas habría que tomarse en serio el caso del intento de creación de la nueva comarca
Una vez más, el pasado 11 de septiembre la Assemblea Nacional Catalana (ANC) hizo gala de su poder de convocatoria y de su pericia organizativa con una ordenada, pacífica y festiva movilización masiva cifrada en 600.000 almas que ya querrían para sí los defensores de otras causas, aquí y allende de nuestras fronteras.
Como en otras ocasiones, la ANC dividió las calles de la manifestación en “tramos” asignados a las diferentes comarcas de Cataluña. De la nómina de comarcas publicadas por la ANC sorprenden dos detalles. En primer lugar, en los tramos 1 y 2 (avenida Paral·lel) debían confluir los manifestantes de la comarca del Lluçanès. En segundo lugar, en el tramo 20 (Gran Via a la altura de Casanova), debían concentrarse los manifestantes de la Baixa Cerdanya, una denominación que no se corresponde con el nombre oficial de la comarca en cuestión, que es Cerdanya a secas. El segundo caso es un matiz terminológico que responde a una querencia irredentista previsible (la Cerdanya catalana es la “baja” porque la francesa sería la “alta”). El primer detalle reviste mayor gravedad, dado que la ANC puenteó al Parlament proclamando la existencia de una comarca, el Lluçanès, que el legislador todavía no ha creado.
La ANC, en su acto de la Diada, puenteó a la Generalitat proclamando la existencia de la comarca del Lluçanés
El caso de la —por ahora fallida— comarca del Lluçanès merece un análisis detenido por las lecciones que pueden extraerse de él para otros procesos de separación y sobre todo en un momento en el que, una vez difuminado el “mandato” del 1-O, la reivindicación de un referéndum —preferiblemente pactado— vuelve a cobrar fuerza en Cataluña.
Respondiendo a la demanda de los ayuntamientos del Lluçanès, en 2015 la Generalitat autorizó una consulta popular en la que los ciudadanos de la zona pudiesen responder a la pregunta “Vols que el teu municipi formi part de la comarca del Lluçanès?”. El 17 de julio, tras reunirse con los alcaldes de la zona, el Departament de Governació de la Generalitat publicó una nota de prensa para dar a conocer las pautas del proceso participativo; entre otras cosas, según la nota, el documento acordado con los alcaldes preveía que “qualsevol municipi on el resultat del procés sigui negatiu continuarà adscrit a la seva comarca actual”.
En el referéndum para crearla, el ‘sí’ arrasó con un 70% de apoyo,
La consulta se celebró el 26 de julio de 2015. Con una participación del 55% del censo, muy superior al umbral pactado con los alcaldes (el 35%), el sí arrasó con un 70% de los votos. El resultado parecía inapelable. El problema es que en cinco de los 13 municipios llamados a las urnas triunfó el no. Los ciudadanos de Santa Maria de Merlès vinieron a decir que preferían quedarse en el Berguedà; los de Sant Feliu Sasserra, en el Bages; y los de Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau y Sant Boi de Lluçanès, en Osona.
Con estos datos en la mano, el proceso siguió adelante y se constituyó en el Parlament una ponencia para elaborar la ley de creación de la comarca del Lluçanès. Para sorpresa de muchos, la ponencia se descolgó con un texto que prevé la creación de una comarca integrada por 13 municipios en lugar de 8. Contra lo que había prometido la Generalitat antes de la consulta, el único consuelo para los municipios del no era una disposición transitoria que permitía a los ayuntamientos de esos municipios adoptar un acuerdo para manifestar si quieren “seguir formando parte de la comarca del Lluçanès o bien reintegrarse a la comarca a la cual estaban adscritos anteriormente” (algo tan rocambolesco como volver a una comarca de la cual nunca habían querido salir). No es extraño que ante tamaña desvirtuación de los acuerdos previos en el debate de totalidad tres grupos parlamentarios no dieran su apoyo al texto, que de todas maneras habría seguido el trámite parlamentario si la legislatura no se hubiese interrumpido traumáticamente en octubre de 2017.
Un reconocimiento implícito del fracaso de este proceso es que ninguno de los partidos que sí que dio su apoyo a la proposición de ley llevara la creación de la comarca del Lluçanès en su programa para las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Tampoco parece que Quim Torra, en su visita a Prats de Lluçanès en diciembre de 2018, prometiera nada al respecto, a pesar de las presiones que sin duda recibió del alcalde de la localidad, Isaac Peraire, uno de los máximos líderes del independentismo lluçanense. Sea como fuere, antes de seguir apostando por consultas plebiscitarias —incluso pactadas— para resolver disputas territoriales en sociedades divididas habría que tomarse el Lluçanès en serio.
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