Varapalo judicial a los enchufes del nuevo baltarismo

José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, tiene su primera sentencia firme por enchufismo. La Sala Especial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado definitivamente el recurso de casación autonómico presentado por la Diputación contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso de Ourense que en 2016 ordenaba ya anular el concurso para ocupar 69 puestos de trabajo en la institución por promoción interna al considerar que beneficiaba a los que ya ocupaban de forma provisional esas funciones.

Baltar presentó hasta cuatro recursos y llegó a cuestionar los argumentos del juzgado ourensano -avalados posteriormente por el Supremo y por el alto tribunal gallego- que tildó de “gravemente erróneos”. Los enchufados deberán retornar a su puesto de origen. El PSOE pide la dimisión de Baltar ante la evidencia de que quiso "colocar a dedo a sus amiguetes en los mejores puestos” del organismo público.

La sentencia inicial del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Ourense destacaba que no se apreciaba “justificación alguna” a la exigencia de que para ocupar puestos de mayor cualificación los aspirantes ya estuviesen en los puestos. Entendía el juez que ese requerimiento solo se entendía “para asignar una plaza como funcionario a aquellas personas que venían desempeñándolas en condiciones de interinidad, o incluso que ya eran funcionarios, y que así verían mejoradas sus condiciones, evitando así que pudieran aspiran a aquellas personas que pudiesen reunir, o no, mayores méritos”.

El TSXG argumenta ahora lo mismo que en julio de 2018 cuando señaló que la convocatoria para la provisión de los 69 empleos “obvia la valoración de mérito y capacidad del posible aspirante” ya que “impide su posibilidad de participación en el proceso si no pertenece al grupo, escala, subescala y categoría profesional que se especifica en las fichas individualizadas de los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo”. Y destacaba que el concurso no tenía como finalidad primordial “posibilitar la cobertura de las plazas ofertadas con los aspirantes que, reuniendo los requisitos mínimos exigibles, demuestren mayor mérito y capacidad”.

Entre las 69 ofertas se incluían cinco jefaturas, entre ellas la del Negociado de Publicaciones y la de Transparencia aunque también puestos de portero en el edificio cultural de la institución y en la Escuela de Gaitas. La CIG, el sindicato que en 2016 recurrió el concurso interno, advierte a la Diputación de que tiene ahora un plazo de dos meses para cumplir la sentencia; esto es, para anular la convocatoria del concurso . Si no lo anula en ese periodo, devolviendo a los trabajadores a su antigua situación laboral de inferior categoría, podrían imponerse multas los responsables políticos de la institución,

El PSOE, que reclama la dimisión de Baltar, ha pedido un informe al jefe de Recursos Humanos de la Diputación para valorar las consecuencias técnicas y económicas de una decisión “derivada de un procedimiento de provisión ilegal ideado por Baltar”· El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Rafael Rodríguez Villarino, destaca la contundencia de un fallo en el que queda claro el enchufismo: “Se vulneraron los principios de igualdad y no discriminación para crear un circuito cerrado que ruboriza incluso a miembros del PP que no fueron premiados por el baltarismo”.