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Las 25 residencias de la Comunidad de Madrid tienen 215 empleos vacantes pese a las quejas por escaso cuidado

Los geriátricos del Gobierno regional operan con carencias de personal que afectan a la atención de los ancianos, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS

residencias de ancianos madrid
Mayores en una residencia geriátrica en un pueblo de Madrid.

Las 25 residencias públicas de la Comunidad de Madrid tienen 215 empleados menos de lo que el propio Gobierno regional estima necesario para el servicio, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La insuficiencia de personal es una queja común de familias y trabajadores en las 473 residencias de ancianos en la región, tanto en las públicas como en las privadas. Se trata de una de las carencias más sensibles en un sector en expansión por el envejecimiento, y que genera preocupación por la calidad de la atención a personas en condiciones muy vulnerables.

Las 215 plazas vacantes afectan a 26 categorías de trabajadores, desde enfermeros hasta cocineros y conductores, según los datos contenidos en una respuesta del Gobierno regional a una petición de información hecha por el grupo parlamentario del PSOE. Alrededor de un tercio es personal encargado de cuidados de salud.

Faltan 54 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 47 auxiliares de servicio y 19 diplomados en enfermería, entre otros puestos de atención directa a los residentes. Se trata de vacantes en los 25 centros de gestión directa de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), 10 en la ciudad de Madrid y 15 en municipios de la región.

La respuesta a la solicitud de información tiene en cuenta las vacantes con respecto a la Relación de Puestos de Trabajo, un documento que cada año establece las necesidades de servicio público. La respuesta parlamentaria, que data del 14 de agosto, no especifica qué carencias sufre cada residencia pública. De media, cada centro de la Administración regional tiene nueve plazas menos por debajo de sus necesidades.

La consejería de Políticas sociales, en manos de Ciudadanos desde hace dos semanas, aduce que es un problema heredado. “Estamos en un período inicial de evaluación de las necesidades reales de cada centro y pronto nos ocuparemos de dar una respuesta”, explica una portavoz de esa consejería sobre la cifra de vacantes, que se generaron durante la legislatura pasada, cuando la región de Madrid era gobernada en solitario por el PP. El Ejecutivo regional es compartido desde agosto por PP y Ciudadanos.

El diputado regional del PSOE José Ángel Chamorro atribuye las carencias a falta de voluntad y lentitud burocrática. 

La falta de personal en las residencias de Madrid es un motivo de frecuentes reclamaciones, según expuso el Defensor del Pueblo en marzo de 2018 en una comparecencia ante la Asamblea de Madrid. “En todas estas quejas se trasluce una pérdida de calidad en la atención residencial a los mayores, percibida así por los propios usuarios y familiares y las personas que trabajan en los centros”, dijo el defensor, Francisco Fernández Marugán.

Uno de los problemas son las condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores de los centros de la AMAS. El sindicato de enfermería madrileño SATSE ha denunciado que muchos enfermeros se niegan a trabajar en las residencias de la AMAS debido al estrés y a que se les niegan otros derechos que sí tienen otros profesionales dependientes de la Comunidad de Madrid.  “Muchas profesionales de enfermería ven en el AMAS el último destino a elegir”, ha advertido este sindicato.

Muertes "por escaso personal"

En 2017 se produjeron tres muertes en dos centros de la AMAS que los familiares de los fallecidos denunciaron por supuestas negligencias vinculadas a la falta de personal. En la residencia de AMAS en Arganda del Rey, una anciana de 93 años que no estaba supervisada falleció en mayo de ese año desangrada al amputarse la pierna con la barandilla de la cama. Cuando trató de levantarse quedó atrapada.

Las otras dos muertes se produjeron en la residencia de Alcorcón. En febrero, una residente de 93 años murió tras sufrir una obstrucción intestinal a consecuencia de la falta de atención médica, según su hijo. En abril, un residente de 82 años fue hallado muerto en un banco sin que nadie le buscara durante 12 horas.

En medio de las críticas, el entonces consejero de Política Social y Familia, Carlos Izquierdo, presentó en rueda de prensa en octubre de ese año un ambicioso plan de expansión de 1.000 nuevos empleados para las 25 residencias de la AMAS. (Según los sindicatos, las 215 vacantes se refieren a puestos ya existentes anteriormente y no a esa ampliación prometida en 2017).

Los refuerzos de ese plan de expansión comenzaron a llegar recientemente. Más de 430 trabajadores del plan se incorporaron en 2018, según los sindicatos. En 2019 se espera que entren en sus puestos más de 400 nuevos trabajadores. La incorporación se producirá en el último trimestre del año de acuerdo con la negociación entre sindicatos y Comunidad.

Pero a pesar de esas promesas de ampliación, las familias siguen percibiendo una grave escasez. En Alcorcón “la cosa sigue igual o peor”, afirma Luis de Miguel, portavoz de los familiares. “No hay médico los fines de semana, festivos y noches. En estos periodos si ocurre algo, aún siendo lo mínimo, mandan a los residentes a urgencias, colapsando las mismas, a veces sin necesidad”, añade. “A veces los residentes están solos en los comedores sin supervisión”.

Bajas en verano

En otros centros de la AMAS se quejan de la lentitud en la incorporación del nuevo personal. Es el caso de la Gran Residencia, un centro de 460 plazas en el distrito madrileño de Carabanchel, que ha denunciado ante los medios el retraso. En 2018 los empleados del nuevo plan no llegaron hasta noviembre y diciembre. Uno de los trabajadores prometidos ese año, un terapeuta ocupacional adicional, aún no se ha incorporado, y como el resto de residencias públicas de Madrid siguen esperando el refuerzo de 2019.

“(Los nuevos trabajadores) deberían estar en los centros inmediatamente después de firmar la distribución de categorías por centro”, le dice el comité de empresa de esa residencia a este periódico en un escrito. “No queremos esperar nuevamente hasta el mes de noviembre/diciembre”.

Las residencias en Madrid están obligadas a cumplir con unos ratios de personal fijados por ley, pero las familias denuncian que en la práctica no se cumplen. La presencia efectiva de cuidadores parece claramente insuficiente en turnos de tarde, noche, o fines de semana, especialmente en las grandes residencias, denuncian.

El problema ha sido patente este verano ya que muchos trabajadores toman vacaciones y los centros no tienen personal para reemplazarlos, según la madrileña Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Pladigmare.

“Las inspecciones pasan olímpicamente de estas obligaciones”, dice Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare. “Ha habido residencias que han cerrado durante días la sala de fisioterapia y terapia ocupacional, otras no han cubierto a los enfermeros que se iban de vacaciones, y otras se han pasado todo el mes de agosto sin médico”, asegura Vázquez.

Un plan para prevenir los malos tratos en los centros

El acuerdo de 155 medidas que une al PP y a Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid recoge dos puntos centrados en las condiciones de vida de las personas mayores: un plan para prevenir la violencia que incluye a las residencias públicas de la región y otro para luchar contra la soledad.
“Desarrollaremos un plan para la prevención y detección de la violencia contra las personas mayores, tanto en el ámbito doméstico, como en el de las residencias de la Comunidad de Madrid”, resume el pacto gubernamental.

“Reforzaremos los medios de vigilancia e inspección sobre las residencias, centros de día, centros de mayores, viviendas tuteladas y viviendas comunitarias, tanto públicas como concertadas, para asegurar un servicio de calidad y un trato digno para todas las personas mayores”, añade. Y promete: “Eliminaremos de forma progresiva las sujeciones mecánicas y químicas en las residencias de mayores y de personas con discapacidad”.

Además, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hizo una mención expresa de la lucha contra la soledad en su discurso de investidura, reflejando así el contenido del acuerdo.

“Fomentaremos programas de lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores, a través de distintos recursos: viviendas compartidas, fomento del voluntariado, etcétera”, recoge el texto. “Además, aplicaremos las tecnologías existentes para mejorar la calidad de vida y la atención en el hogar a las personas que vivan solas”.

Alberto Reyero, el nuevo consejero de políticas sociales, procedente de Cs, será el encargado de poner en marcha ambos planes, y ya ha pedido información para hacer una radiografía del estado de las residencias en la Comunidad.

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