Díaz Ayuso se compromete a cumplir “en su totalidad” con las exigencias programáticas de Vox

Isabel Díaz Ayuso (PP) se ha comprometido este miércoles a cumplir "en su totalidad" los acuerdos programáticos que le unen a Cs y Vox, los dos socios imprescindibles para que logre su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. La aspirante ha cumplido así con la condición irrenunciable que había planteado Rocío Monasterio, portavoz del partido de extrema derecha, que exigía una declaración pública en el pleno para que el pacto de los tres socios quede registrado en el libro de sesiones (no han firmado ningún documento). En consecuencia, el primer Gobierno de coalición de la historia de la región, formado por PP y Cs, estará condicionado por la extrema derecha, que será decisiva para que aprueben leyes y presupuestos.

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"A Ciudadanos y Vox les digo que tanto un proyecto como el otro se van a cumplir", ha dicho Díaz Ayuso antes de la interrupción que ha marcado el receso de la jornada matutina del pleno de investidura. "El documento de Vox lo asumo en su totalidad, y lo voy a cumplir, lo mismo que el acuerdo de 155 puntos con Cs", ha detallado tras un bronco debate con los portavoces de los partidos de izquierdas. "Es un reto apasionante tener el privilegio y el honor de presidir el primer Gobierno de coalición, asumiendo carteras y propuestas de manera cruzada, puesto que los consejeros de un partido tendrán que llevar a cabo medidas del otro, y viceversa", ha argumentado. "Es un gran ejercicio de responsabilidad, de sensatez, de respeto a los ciudadanos".

"El acuerdo costó", ha reconocido, por su parte, Aguado. "Vox presentó un documento con algunas de sus propuestas que no son incompatibles con nuestro pacto con el PP y que, por tanto, son perfectamente asumibles", ha añadido, sellando así el pacto entre los tres partidos de derechas. "Eso es lo que nos ha traído aquí".

El pasado 1 de agosto, Monasterio presentó un documento que Díaz Ayuso y Aguado consideraron aceptable. Su propuesta rebajaba las exigencias con las que Vox había acudido a la mesa de negociación, desbloqueando así el pacto a tres bandas de la derecha, que por momentos amenazó con encallar: Cs siempre se negó a negociar directamente con Vox, a compartir Gobierno o a estampar su firma en un acuerdo conjunto. De ahí que la declaración de Díaz Ayuso este miércoles en la Cámara haya sido clave para que el pacto llegue a buen puerto: a falta de un vínculo contractual, solo quedaba el compromiso público.

"Somos conscientes de nuestra fuerza política en esta Asamblea. Somos determinantes. Por eso habíamos alcanzado un acuerdo. Entiendo que estas medidas indignan al consenso progre, pero deben entender que no estamos aquí para guiños", había avisado Monasterio antes de escuchar esa declaración pública."Solo con las alianzas con los partidos que defienden el mismo concepto de libertad que nosotros se podrá evitar la entrada de la izquierda en las instituciones", ha dicho luego, tras ver satisfechas sus demandas.

El documento que presentó Vox al PP y a Cs resume su renuncia a que se reduzca el número de consejerías (aumentado de nueve a trece para dar cabida a políticos del PP y Cs); a que se deroguen artículos de las leyes LGTBI; a que se trabaje para repatriar a los menores emigrantes no acompañados que han llegado a la región; a trasladar a sus países de origen las facturas sanitarias originadas por atender a sus nacionales en situación irregular en Madrid, o a que las tres partes tengan que estampar su firma en un pacto común.

A cambio, Díaz Ayuso ya detalló en el pleno del martes algunas de las propuestas que asumirá el Gobierno inspiradas en el programa de la extrema derecha: obligar a los centros educativos públicos a comunicar a los padres las temáticas de talleres y charlas antes del comienzo del curso; cambiar el sistema de identificación de los menores extranjeros no acompañados; defender que “hay que combatir el machismo, pero no a los hombres”, o promover la natalidad con una consejería específica de Familia. Además, el documento de Vox recoge que las fuerzas de seguridad tengan acceso a los datos que tiene la Administración sobre los migrantes en situación irregular; que una parte importante de las ayudas al desarrollo se destinen prioritariamente a iniciativas regionales que luchen contra la despoblación, o que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección.