Barcelona en Comú sube un 40% el sueldo a Colau y un 27% a los concejales

Barcelona en Comú ha aprobado sumar un complemento al sueldo de 2.200 euros mensuales netos que perciben sus concejales de acuerdo al código ético del partido. La organización entiende que estar en primera línea del gobierno comporta una sobrecarga de trabajo que perjudica la conciliación. La alcaldesa recibirá 900 euros más al mes, un aumento del 40%. Los concejales, 600 euros (27% más), y los comisionados, 300 (13%). Los complementos no modifican el código ético, señala el partido, sino que son una medida paliativa para compensar las largas jornadas de trabajo que comporta representar al gobierno.

Durante el pasado mandato, todos los cargos (la alcaldesa, el resto de concejales, los comisionados del partido o los asesores) cobraban los 2.200 euros al mes que fija el código. Los salarios oficiales los estipula el Ayuntamiento —el de la alcaldesa, por ejemplo, es de 100.000 euros— pero entregaban la diferencia a un fondo social del partido y este lo donaba, a través de un concurso, a organizaciones de la ciudad.

Pero, a la vista de las largas jornadas, sobre todo los concejales y los comisionados, alertaron de que 2.200 euros no compensaban una dedicación de muchas horas diarias de trabajo fuera de casa. Que, además, les empujaba a contratar canguros, ayuda en casa, o a comer cada día de menú, sin tiempo siquiera para preparar un táper. “Llevas un ritmo de vida y de gastos que no asumes porque quieras. Tienes que comprar ropa más formal, el 80%-90% de las comidas son de trabajo y no tienes tiempo para estar en casa y cocinar, te ves obligado a pedir ayuda en casa con canguros o la limpieza”, contaba hace meses un alto cargo.

La necesidad de subir sueldos era un clamor entre los afectados antes de las elecciones. Pero la organización entendió que no era el momento de abordarlo. Pasados los comicios y de nuevo en el Gobierno, Barcelona en Comú ha optado por no tocar el código ético e introducir para los cargos que ejercen la representación las tres modalidades de “complemento por responsabilidad de gobierno y cuidados”.

La organización, explica el portavoz del partido, Enric Bàrcena, hizo una “diagnosis de género”, en la que constató “incumplimientos flagrantes en materia de conciliación, con jornadas eternas, una sobrecarga de trabajo que impactaba en la vida cotidiana”. En paralelo, la comisión de seguimiento del código ético señaló “que se desatendían los puntos sobre conciliación”. Concretamente, el que afirma que “Barcelona en Comú se compromete a facilitar la conciliación de la vida personal y política a todas las personas que ocupen cargos públicos de representación”.

El portavoz insiste en que el partido no ha modificado los salarios que fija su código, sino que ha añadido un complemento solo a los representantes del gobierno. Y argumenta que estos pluses no se habrían aplicado a la alcaldesa, los concejales y los comisionados si no hubieran repetido en el gobierno y el equipo de Colau se hubiera quedado en la oposición.

De hecho, señala Bàrcena, la limitación salarial es solo un apartado del código ético de la formación, que aborda otros muchos aspectos, como las agendas públicas, la obligatoriedad de declarar ingresos y patrimonio, la renuncia a créditos bancarios por parte del partido, el gasto electoral, la no aceptación de regalos, la acumulación de cargos o la limitación de mandatos.

La decisión de aprobar los complementos la tomó hace unos días la coordinadora del partido, un organismo de dirección de segundo nivel (el primero es la dirección ejecutiva) formado por unas 40 personas entre las que hay la citada dirección, activistas, representantes de los distritos, los ejes temáticos y el grupo municipal.

En el mandato pasado, la limitación salarial del código ético dificultó incluso fichar a cargos de gerencia o asesores, que entendían que por su responsabilidad les correspondía más salario. Y Barcelona en Comú acabó haciendo excepciones. No con cargos políticos, pero sí con los que entendieron que pertenecían a la estructura ejecutiva, como algunos gerentes.

Por ejemplo, quedaron exentos de la limitación salarial perfiles como el de Jordi Martí, que ejerció de gerente municipal; su salario bruto anual era de 98.800 euros, según el portal de transparencia. Al integrarse antes de las elecciones en la lista electoral y ser concejal, sus ingresos se redujeron drásticamente hasta el salario ético, que ahora verá aumentado con el complemento de 600 euros.

En el caso de los 12 comisionados del mandato pasado, solo dos se aplicaron el salario ético, los dos vinculados al partido, Gemma Tarafa y Álvaro Porro. Los otros 10 cobraban entre un máximo de 95.000 euros anuales —caso del excomisionado de Seguridad, Amadeu Recasens— y un mínimo de 34.000.