Solo dos comisionados de los 12 de Colau cumplen con el límite salarial de 2.200 euros

Solo dos de los 12 comisionados nombrados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han limitado el sueldo a los 2.200 euros mensuales que marca el código ético de Barcelona en comú, el partido de Colau. El tope salarial es obligatorio para los cargos electos y para los cargos de libre designación de la estructura “política” de la institución, pero no para los de la estructura “ejecutiva”, en cuyo caso es voluntario. Tan solo dos comisionados siguen esa medida: Gemma Tarafa y Álvaro Porro, ambos presentes en el partido desde su fundación.

Los otros diez cobran entre un máximo de 95.000 euros anuales —caso del comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens— y un mínimo de 34.000 —solo el de Educación, Miquel Àngel Essomba—, según consta en el portal de transparencia del Ayuntamiento. La mayoría percibe 68.000 o 71.000 euros anuales. Fuentes de Barcelona en Comú recuerdan que todos los comisionados cumplen el resto del código ético del partido, pero que “por criterios profesionales y técnicos, algunos tienen excepciones salariales”. Además, señalan que los diez comisionados que no se han aplicado el salario ético son los únicos entre “72 personas que trabajan como asesores o que son cargos políticos en el Ayuntamiento y sí están sujetos a la limitación salarial”.

Entre los comisionados figuran Luis Gómez (Promoción económica, empresa e innovación), Ricard Vinyes (Memoria), Francesca Bria (Tecnología e Innovación Digital) o Joan Subirats (Cultura). En el caso de Subirats, que ocupa el número dos en la lista de Colau a las elecciones de mayo, no podrá eludir el “salario ético” —2.200 euros netos al mes en 14 pagas— si es elegido concejal.

Diversas voces de la organización ven lógico que, en un gobierno con solo 11 concejales de un total de 41, Colau optara por nombrar comisionados “para complementar” a los ediles. Esas voces justifican que estén exentos de la limitación salarial por sus perfiles de expertos en materias específicas. “La mayoría son fichajes que están alineados con las políticas de BComú, pero no tenían relación con el partido antes de ser nombrados, no tienen el mismo compromiso con la organización”, apuntan estas fuentes, que añaden que los expertos “perderían poder adquisitivo” si su sueldo fuera de 2.200 euros netos.

La barrera para fichar altos cargos que suponía el salario ético se comprobó al ganar en 2015, cuando hubo que contratar gerentes. No todo el mundo estaba dispuesto a renunciar a remuneración en empleos de gran responsabilidad. De modo que perfiles como el del gerente Jordi Martí —que también va en la lista electoral y actualmente cobra un salario de 98.800 euros— quedaron exentos. La mayoría de gerentes percibe unos ingresos anuales de entre 70.000 y 100.000 euros.

Han pasado cuatro años de la victoria electoral de BComú. Y, aunque no se ha abierto de manera formal, el debate sobre el salario ético está sobre la mesa en el partido. “Llevas un ritmo de vida y de gastos que no asumes porque quieres. Tienes que comprar ropa más formal, el 80-90% de las comidas son de trabajo y no tienes tiempo para estar en casa y cocinar, te ves obligado a pedir ayuda en casa con canguros o la limpie”, dice un alto cargo.

Todos los consultados son conscientes de que la cantidad elegida —se fijaron 2.200 euros en el proceso de confluencia entre partidos, cuando era posible que la CUP se integrara en el proyecto de Colau— se queda corta. Pero asumen, también, que subir el “salario ético” no se puede plantear en vísperas de elecciones. Sería tan impopular ahora como bienvenida fue la limitación en 2015.