La incertidumbre, única seguridad

A principios de julio, superado el ciclo electoral y en tiempo de negociación de gobiernos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sancionaba en uno de sus estudios que la clase política española se consolidaba como el segundo problema de la ciudadanía patria, por detrás del paro y por delante de la corrupción. El estudio del CIS revalidaba lo que barómetros precedentes venían anunciando desde meses antes. En diciembre de 2018, el 31,1 por cien de los encuestados ya ponía en la diana a los políticos; decimales arriba o abajo, la tónica sociológica se ha robustecido desde entonces, alimentada por el dúo Pimpinela en que han devenido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, reforzados ambos en las bandas por sus respectivos corifeos.

Este lunes se abre en el Congreso de los Diputados el Debate de Investidura con el discurso de Sánchez como candidato presidencial. Si alguien, respetado lector, le dice saber qué va a suceder, tenga por seguro que o le miente o va de farol. La escalada de declaraciones incendiarias protagonizadas por dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos en las fechas previas al debate han hecho de la incertidumbre la única seguridad.

A Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se la trufan los datos del CIS, la opinión de los ciudadanos y el hartazgo que se palpa en el ambiente. Y si ellos no lo palpan, mejor que se dediquen a otro negocio antes de que una turba de chalecos amarillos, emulando a los vecinos franceses, empiece a tomar forma en las calles y plazas del país azuzada por la inestabilidad y el bloqueo político, y con las llagas de la larga crisis económica todavía supurando en millones de hogares.

La primera votación del debate de investidura se celebrará el martes, 23 de julio. Si Sánchez no logra la mayoría absoluta -176 votos a favor-, se convocará una segunda votación para el día 25 en la que el aspirante presidencial solo precisará obtener más síes que noes. En caso de que tampoco se alcance tal objetivo, se abrirá un plazo de 60 días para pactar la investidura, periodo que expirará el 23 de septiembre. Si, para ese momento, no se ha alcanzado ningún acuerdo, se procederá a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de una nueva cita electoral que tendría lugar el 10 de noviembre, domingo. Esos son los vencimientos y fechas claves.

Pendientes de ese calendario permanecen asuntos, menores, al parecer, en la deferencia de nuestros representantes, como las reformas de los sistemas de pensiones, fiscal, educativo y energético, la reforma de la ley electoral o un nuevo modelo de financiación autonómica que saque a la Comunidad Valenciana de la pobreza sistémica en que se hayan sus arcas públicas.

Hasta el pasado viernes, desde el hastío más infinito, pensaba que íbamos a una nueva convocatoria electoral, en contra de lo que había venido manteniendo públicamente durante las primeras semanas de tanteos entre PSOE y Unidas Podemos. Confiada que es una. Pedro no quiere a Pablo sentado en la mesa del Consejo de Ministros; Pablo aspiraba, por encima de todo, a ello. La partida estaba en tablas hasta que hace 48 horas Iglesias renunciaba a su máximo anhelo. Solo cabe esperar que en las horas que restan hasta las votaciones el otro macho alfa, Sánchez, mueva ficha en la dirección que se espera. Una salvedad: aprecio en el dirigente socialista una mayor ductilidad que en su partenaire. También pienso que Sánchez ha desaprovechado el momento complejo que vivimos para proponer un gobierno de emergencia nacional consagrado a las reformas ya citadas y sujeto al compromiso de convocar nuevas elecciones a la mayor brevedad, cuando las circunstancias -reformas en marcha y asunto catalán encauzado- lo hubiesen permitido.

Por si acaso, los partidos valencianos ya están tomando posiciones ante la posibilidad de volver a concursar electoralmente. Los más adelantados, los de Compromís. Si el día 10 de noviembre hay que volver a votar, barajan la posibilidad de que el exeurodiputado Jordi Sebastià releve a Joan Baldoví al frente de la lista por Valencia. Efectos colaterales.