Casinos, fantasía y autoengaño

Con los Presupuestos de 2017 prorrogados y con una completa parálisis legislativa, la gestión del Gobierno de Quim Torra no evoca precisamente la imagen de un país que se esfuerza por mejorar las condiciones de vida de una ciudadanía baqueteada por la crisis.

Los datos son elocuentes. Uno de cada tres dependientes catalanes (73.000 personas) con grado asignado espera recibir la prestación que le corresponde. Desde que se aprobó en 2006, 36.154 personas han fallecido sin haberse beneficiado de la ley, una vez vencido el plazo máximo desde la resolución favorable de su expediente. Las listas de espera en la sanidad son interminables: 72,25 días de media para operaciones quirúrgicas; 74 días de promedio para acceder a una prueba diagnóstica; o 97 días antes de tener visita con el especialista. Cataluña se disputa con Madrid el honor de ser pionera en la privatización de la salud al tiempo que ambas comunidades compiten en austeridad, pues son de las que menor porcentaje del PIB destinan al ciudadano/paciente.

Cualquier atisbo de reformismo aportado desde ERC ha quedado fagocitado por la política de JxCat

En otros terrenos de la supervivencia cotidiana, la realidad tampoco es alentadora. Cáritas ha puesto sobre el tapete que uno de cada tres vecinos del área de Barcelona carece de vivienda digna: vive realquilado en una habitación, en condiciones de hacinamiento, insalubridad o en los llamados asentamientos informales. Desde el 2000, según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, la renta familiar disponible bruta ha subido un 63,4%, mientras que el precio medio del alquiler —al que destinan los barceloneses un 43,5% de sus ingresos— lo ha hecho en un 127,7%. Es otro aspecto más de la precarización de las condiciones de vida. La tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,3% de la población, según la propia Generalitat, que al mismo tiempo continúa haciéndose trampas al solitario en la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación que desde 2017 solo se ha concedido a 13.080 personas, el 21% de las solicitadas. En Cataluña actualmente 375.000 ciudadanos viven en pobreza severa. El caso es que cualquier atisbo de reformismo aportado desde Esquerra Republicana ha quedado fagocitado por la política de Junts per Catalunya. Los apologetas de la ratafía han barrido cualquier sombra de política progresista. Al igual que los antiguos bizantinos, una parte nada desdeñable de los catalanes parecen estar más atraídos por debatir sobre el sexo de los ángeles que preocupados por el cerco impuesto por la emergencia social.

Hubo un tiempo en que el independentismo planteaba la república catalana como un paso fundamental para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En aquella época incluso Artur Mas estaba dispuesto a renunciar al proyecto de BCN World —el macrocasino de al lado de Port Aventura— con tal de obtener los votos de la CUP, llegar a ser presidente e impulsar la hoja de ruta hacia la independencia. Al final, Mas fue enviado temporalmente a la papelera de la historia. BCN World, sin embargo, continuó su tortuosa carrera.

La independencia no ha llegado pero los casinos han permanecido, a la expectativa de ser el Macao europeo

La independencia no ha llegado pero los casinos han permanecido. A la expectativa de convertirnos en el Macao europeo, el proyecto pervive y ahora es una de las apuestas de la Generalitat independentista. En el camino hacia la república, le comprarán los terrenos a La Caixa por unos 100 millones de euros para facilitar la operación. “El coste lo asumirá Hard Rock y no costará ni un euro público”, tronó la voz de Quim Torra el pasado 26 de junio en el Parlament. “Son 12.000 puestos de trabajo. ¿Usted no cree que el Camp de Tarragona se merece esta oportunidad?”, exclamó indignado el president dirigiéndose a la jefa fila de los comunes en la Cámara. Y es que el aplomo y los ademanes de algunos de nuestros políticos nada tienen que envidiar, como diría en símil incendiario el consejero Miquel Buch, a los de nuestros vecinos españoles del sur. Mariano Rajoy, Luis de Guindos o Soraya Sáenz de Santamaría dijeron y certificaron que el rescate bancario —más de 54.000 millones inyectados—, no iba a costar ni un euro a los españoles.

Las mentiras siempre las paga el ciudadano, aunque a veces lo hace satisfecho gracias al autoengaño. Si la derecha en el Ayuntamiento de la capital de España ha decidido que la contaminación no es un problema y ha reabierto al tráfico rodado en Madrid central, los redactores del plan quinquenal de casinos han concluido que la ruleta es un jalón en la estrategia hacia la independencia. Unos y otros saben que acabará redundando en los ciudadanos, pero todo aguanta mientras una parte nada desdeñable de la sociedad esté dispuesta a recrear su particular mundo de fantasía. Como en la Constantinopla de 1453.