Cataluña obliga a los centros públicos a detallar las cuotas que piden a las familias
La medida se enmarca dentro del plan para combatir la segregación y evitar las dos velocidades en la red pública
El Departamento de Educación obligará a los centros públicos a detallar en su página web las cuotas voluntarias que exige a las familias en concepto de material escolar o de excursiones. La medida se enmarca dentro del plan del Govern para combatir la segregación escolar y atajar no solo la brecha entre las escuelas públicas y las concertadas, sino también las dos velocidades que se están construyendo dentro de la propia red pública. Según un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en la capital catalana, las cuotas de los colegios públicos son el doble de caras en los barrios ricos.
Sobre el papel, la Generalitat debe garantizar la gratuidad del sistema educativo público —la Ley de Educación de Cataluña prohíbe que se impongan cuotas obligatorias a las familias—. Pero en la práctica, tanto la red pública como la concertada piden a los padres unas aportaciones “voluntarias” en concepto de material escolar, para hacer salidas o excursiones, y otras actividades. Si bien el problema más flagrante está en las elevadas cuotas de la concertada —en algunos casos, en torno a los 800 euros mensuales—, la pública tampoco se queda atrás. Según un estudio de la UAB encargado por el Consorcio de Educación de Barcelona, las cuotas anuales que se cobran, de media, en los centros del acomodado barrio de Sarrià ascienden a 344 euros, el triple que en Ciutat Vella (123 euros).
La orden de Educación de publicar estas aportaciones tendrá que hacerse efectiva el curso que viene. “La transparencia está bien, pero debe ir acompañado de algo más. Hay que considerar qué actividades deben ser sufragadas con fondos públicos. Yo asumo que el 100% de la gratuidad no va a poder ser, pero hay que regular esto al máximo. No podemos tener un sistema a dos velocidades”, advierte Xavier Bonal, autor del estudio de la UAB sobre las desigualdades en los costes de escolarización en Barcelona. El Govern no ha concretado si, una vez publicadas estas cuotas, tomará medidas para regularlas.
Pero la brecha en los costes de escolarización dentro de la red pública no se queda en la capital catalana. El hijo de Matías, por ejemplo, en el primer curso de educación infantil (P3) de la escuela President Salvans de Terrassa, se quedó sin poder ir al museo Cosmocaixa de Barcelona en abril porque sus padres optaron por no pagar la cuota de 110 euros anuales que el colegio les pedía. La aportación incluye el material, las salidas y las actividades educativas, según consta en la web del centro. Matías explica que no está de acuerdo con esa tarifa plana de 110 euros. “Yo me ofrecía a pagar la parte que correspondía solo a la salida, pero la escuela no me dejó, me exigieron que lo pagara todo y nosotros no estamos de acuerdo con pagar cuotas para el funcionamiento ordinario de la escuela, eso le corresponde a la Generalitat”.
El Departamento de Educación asegura que las cuotas que hacen pagar las escuelas públicas “no son obligatorias, pero son necesarias para hacer actividades complementarias fuera del centro” y recuerda que, en el caso de Terrassa, la escuela ofrece ayudas para las familias con menos recursos. “Se está haciendo pagar a las familias los recortes y la falta de inversión de la Generalitat en educación pública”, insiste Matías.
Más segregación
El estudio de la UAB advierte de que las diferencias en las aportaciones que piden los centros “son factores que acentúan las diferencias socioeconómicas entre centros que pueden condicionar la elección escolar y los procesos internos de exclusión del alumnado más desfavorecido de determinadas actividades”. La escuela Fort Pienc, ubicada en el distrito del Eixample, tiene una cuota anual de 250 euros. La escuela Mediterrània, situada en la Barceloneta, cobra a las familias entre 100 y 125 euros anuales —según el curso en el que esté escolarizado el alumno— para material escolar y excursiones.
La orden de Educación, alineada con las medidas consensuadas en el Pacto contra la Segregación Escolar firmado hace unos meses por varias administraciones y el Síndic de Greuges, no se limitará a los centros públicos. El Govern también tiene previsto abrir el melón de las cuotas que cobra la concertada, una de las cuestiones más opacas del sector. El Departamento de Educación estudia mecanismos para solicitar esta información también a los centros concertados, que justifican las aportaciones como necesarias para paliar la infrafinanciación de la Administración pública.
Los expertos reclaman una Selectividad más competencial
La Fundación Jaume Bofill, un centro de investigación en educación, instó ayer a revisar las pruebas de competencias básicas y repensar la Selectividad hacia un modelo más competencial. En la presentación de su Anuario, el coordinador del estudio, Jordi Riera, aseguró que las pruebas de acceso a la universidad deberían hacer de “filtro del aprendizaje competencial”. “Una prueba que deje de aprender en cajones estancos, que sea capaz de integrar varias cuestiones, afrontarlas y resolverlas”, indicó.
“Es evidente que estamos intentado asumir el aprendizaje y la evaluación por competencias, pero la realidad nos dice que la evaluación no es tan nítida. Ahí no se ha avanzado”, asumió Riera. El experto aseguró que los profesores “están preparados” para asumir ese cambio y en un par de años, si hay voluntad política, se podría ejecutar el cambio hacia una Selectividad más competencial.
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