Las cuotas de los colegios públicos son el doble de caras en los barrios ricos

La segregación escolar ha penetrado en todo el sistema educativo. No solo hay desigualdades entre centros públicos y concertados, sino que incluso dentro de la red pública se ha generado un circuito a dos velocidades. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona ha constatado la desigualdad en los costes de escolarización en los distintos barrios de Barcelona. Las cuotas anuales que cobran los centros a las familias en concepto de excursiones o material, por ejemplo, casi se triplican según el barrio: en Sarrià son 344 euros; en Ciutat Vella, 123.

El estudio, encargado por el Consorcio de Educación de Barcelona, cristaliza la ausencia de una gratuidad real de la escuela pública. El informe, avanzado eldiario.es, expone que los costes privados de la escolarización en centros públicos —esto es, lo que abonan los padres para sufragar actividades extraescolares, la cuota de la asociación de madres y padres o el comedor escolar— varían según el barrio donde se ubique la escuela y son, per se, una fuente de desigualdad. “Por primera vez nos ha sido posible cuantificar los costes medios de las aportaciones voluntarias, las salidas culturales, las excursiones... Eso altera la gratuidad. No hay cuotas obligatorias pero, de facto, existen”, sostiene Xavier Bonal, uno de los autores del estudio.

El estudio apunta que los gastos privados de escolarización en colegios públicos de barrios más acomodados, como Vallvidrera, El Tibidabo y Les Planes ascienden a 282 euros al año. Esto es, más del doble que en otros barrios más humildes como El Besòs y El Maresme (125 euros). Estos costes, señala el informe, “son factores que acentúan las diferencias socioeconómicas entre centros que pueden condicionar la elección escolar y procesos internos de exclusión del alumnado más desfavorecido de determinadas actividades”.

Los expertos advierten de que la Administración debe intervenir para preservar la “equivalencia escolar” y la igualdad de oportunidades. “Hay colegios muy hiperactivos y otros donde las actividades fuera del centro son muy difíciles. La Administración tiene que apretar más por abajo, dando apoyo donde haga falta, y por arriba, para controlar qué volumen de actividades se hace. La autonomía de centro hay que respetarla, pero no puede generar desigualdad”, agrega Bonal.

El estudio también evidencia desequilibrios en otros parámetros como la oferta y la demanda de plazas. Así, por ejemplo, hay situaciones de déficit de oferta en el Carmel, Trinitat Vella y el Turó de la Peira por falta de plazas públicas en la zona. En cambio, hay sobreoferta de plazas el Font d’en Fargues, Sarrià, Vallcarca, Les Corts y Sant Gervasi-La Bonanova, una situación derivada del exceso de oferta de escuela concertada. Bonal apuesta por acotar la capacidad de elección de plazas a zonas más próximas al hogar para reducir la segregación. "La segregación escolar es superior a la residencial. En 2012 hubo una reforma que aumentó la capacidad de elección de las familias a, al menos, seis públicas y seis concertadas. Un estudio de la Fundación Bofill dice que si se escolariza dentro de la zona educativa o en la escuela más próxima, se podría reducir la segregación hasta un 50%. Un gobierno como el de ERC podría impulsar un modelo de reducción de la capacidad de elección", alienta el experto.

Bonal asume que sí hay una escuela pública de dos velocidades, pero advierte de que la concertada, donde la brecha de desigualdades con respecto a la pública por los costes de escolarización se dispara, tampoco es homogénea. "Hay centros concertados que son inclusivos, que se corresponsabilizan", apunta y rechaza que el fin de la segregación pase por eliminar el circuito concertado. "Es cierto que la concertada contribuye a que la segregación sea mayor, pero no se trata de dar brochazos, sino usar el bisturí: necesitamos una Administración valiente que detecte qué concertada se implica más", añade.

El estudio vuelve a poner negro sobre blanco en un tema que es, según la Administración y la comunidad educativa, uno de los grandes problemas de Cataluña: la segregación escolar. El informe coincide en el tiempo, de hecho, con un pacto institucional sin precedentes para poner coto a estas desigualdades. El Síndic de Greuges, el Departamento de Educación, la patronal de la red concertada y la mayoría de municipios de más de 10.000 habitantes se comprometieron a impulsar un paquete de medidas para combatir este fenómeno, aunque muchas de ellas dependen de una partida presupuestaria ahora mismo imposible de inyectar. "El pacto es excelente. No solo es una declaración de intenciones. Tienen medidas y calendario e interpela mucho al Departamento. A veces sobrevaloramos las necesidades económicas. Esta pacto necesita más voluntad política que económica", valora Bonal.