La juez del 1-O rechaza procesar por organización criminal a cargos del Govern, Diplocat y CCMA

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha descartado procesar por organización criminal a los 28 altos cargos del Govern investigados por organizar el referéndum del 1-O. Entre ellos están el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot, y excargos del Diplocat.

Así, no ha aceptado esta petición formulada por la Fiscalía en un recurso de reforma al auto de procesamiento, en el que el Ministerio Público solicitaba procesar por organización criminal a cargos y excargos como el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo, el exdirector de la delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía Natàlia Garriga.

La juez señala que ninguno de ellos fue investigado por organización criminal durante la instrucción sobre los preparativos del 1-O. "No resulta de las actuaciones que se contase con la infraestructura adecuada para realizar un plan criminal", dice sobre las segundas y terceras líneas del Govern, esenciales para la organización de la consulta independentista. Tampoco cree que existiese "un acuerdo asociativo duradero y no puramente transitorio". La magistrada, sin embargo, sñala que el auto solamente delimita el "marco fáctico" y que esa decisión no impide que, llegado el día, la Fiscalía acuse si quiere por organización criminal a los procesados.

El fiscal también había criticado la "insuficiencia de la relación fáctica" elaborada por la juez. Ésta replica que en est momentos no se exige una "exactitud fáctica", así como tampoco "certezas absolutas ni pruebas inequívocas y concluyentes". Basta con que haya "indicios racionales" que deberán ser analizados, en todo caso, en el juicio.

Las defensas habían rechazado, por su parte, la fianza solidaria impuesta por la juez a una parte de ellos, los procesados por malversación: 5,8 millones. Creen que no debió imponerse, que es desproporcionada y que no todos deben responder de la misma forma. Pero la juez rechaza todos esos argumentos y ratifica su decisión. "Los gastos en los que se asienta la eventual perpetración del delito derivan de la consecución de un objetivo para el que se concertaron los procesados, que deben afianzar solidariamente la cantidad que se indicó".

En su auto, la magistrada Alejandra Gil descarta finalmente procesar a la exsecretaria general de Gobernación Meritxell Masó; la exjefa del área de procesos electorales Montserrat Vidal y al consejero de la empresa Indugraff Josep Maria Gisbert, tal y como pedía la Fiscalía.