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OPINIÓN i

Shakira: fraude fiscal y reputación

Las habilidades artísticas y balompédicas no deberían suponer una patente de corso

La cantante Shakira. Ampliar foto
La cantante Shakira.

La cantante Shakira ha comparecido ante el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat para prestar declaración por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. Sin perjuicio de que, evidentemente, goza de la presunción de inocencia, lo cierto es que la situación procesal de la artista colombiana no ha generado, a diferencia de lo que ocurre en otros supuestos, una reacción crítica hacia su conducta. No parece, pues, que la acusación por delitos contra la Hacienda Pública e, incluso, una eventual condena, vaya a afectar a su caché artístico y reputación.

El fenómeno no es nuevo. No hace mucho, Cristiano Ronaldo efectuaba el paseíllo judicial entre piropos y peticiones de autógrafos. Por otro lado, la condena a Leo Messi por haber defraudado 4,1 millones de euros a la Hacienda española no ha supuesto impedimento alguno para que le fuera concedida la Creu de Sant Jordi “por encarnar unos atributos sociales tan primordiales como la humildad, la honestidad, el aprendizaje, la creatividad, el sentido de equipo y el respeto”.

La progresiva expansión del Derecho Penal, incluyendo dentro de su ámbito de protección intereses supraindividuales y colectivos, no ha venido acompañada de un idéntico desvalor social frente a la comisión de este tipo de delitos. Cosa distinta ocurre con otros delitos de mayor tradición legislativa, como por ejemplo los crímenes contra la integridad física o la libertad sexual.

No es menos cierto, sin embargo, que el reproche es claramente diverso en función del ámbito al que pertenece la persona sometida a escrutinio público. La confesión de Jordi Pujol de haber mantenido, fuera de España y sin declarar, una herencia millonaria, comportó su renuncia a todas las atribuciones y honores derivadas de su condición de ex presidente de la Generalitat. También tuvo como consecuencia que su dilatada trayectoria política se viera, en buena medida, oscurecida. Máxim Huerta, alias El breve, dimitió a los pocos días de haber tomado posesión del Ministerio de Cultura por una infracción fiscal de carácter administrativo. Más recientemente, representantes de Podemos han llegado a recriminar a Amancio Ortega sus millonarias donaciones a la sanidad pública argumentando que ello constituye una maniobra para pagar menos impuestos.

Volviendo al famoseo, es harto frecuente que los habituales de las tertulias del corazón desvelen, sin pudor, sus problemas con Hacienda, lo que les obliga a participar en realities, más o menos vergonzantes, en orden a afrontar su deuda y sin que de ello se derive una pérdida de audiencia, sino todo lo contrario.

En fin, no estaría de más recordar que quien defrauda a Hacienda merma la capacidad del Estado para afrontar servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos. Y que las habilidades artísticas y balompédicas no deberían suponer una patente de corso para actuar irregularmente en otros ámbitos vitales sin que la reputación se vea afectada. Sobre todo cuando, desde el pedestal de la fama y las redes sociales, se tiene una notable influencia sobre la juventud.

Rafael Entrena Fabré es abogado penalista.

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