La justicia confirma que no hubo delito en la compra de Bicimad

Una juez ha dictaminado que no hubo delito en la compra de Bicimad por parte del Ayuntamiento de Madrid, tal y como había denunciado el Partido Popular. "No ha quedado suficientemente acreditada la concurrencia de los elementos que integran los delitos que se imputan a los querellados", explica la titular del juzgado de instrucción número 52 de Madrid, en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. El PP denunció "supuestas irregularidades" cuando la Empresa Municipal de Transportes adquirió Bonopark, la adjudicataria de las bicicletas públicas, por 10,5 millones de euros más IVA. La Justicia exonera a los responsables municipales, aunque el fallo se puede recurrir.

La alcaldesa Ana Botella (PP) inauguró en 2014 las bicicletas públicas de la capital, cuya gestión obtuvo Bonopark por 12 años a cambio de 25 millones de euros anuales. Ni un año después, en 2015, el sistema estaba hundido con decenas de bicis estropeadas y vandalizadas; numerosas estaciones inoperativas y continuas quejas de los usuarios. Bonopark se dejaba 300.000 euros al mes para evitar que el sistema no colapsara lo que le estaba dejando un agujero en sus cuentas. Por ello, pidieron al Ayuntamiento, ya gobernado por Manuela Carmena, una inyección de capital de 3,6 millones de euros. La solución pasaba por meter dinero o por dejar caer el sistema.

El Gobierno municipal apostó por comprar el servicio (en forma de cesión de negocio) y lo valoró en 10,5 millones de euros. El PP cuestionó esta valoración y consideró que era una cantidad aleatoria, perjudicial para las arcas públicas. Por eso, llevo el caso ante los tribunales a finales de 2017 y exigió la creación de una comisión de investigación, que apoyaron tanto Ciudadanos como PSOE. En estos dos años, la campaña contra esta iniciativa ha sido enorme y ha ralentizado la expansión de Bicimad, prevista para 2018 y que al final se está produciendo desde el pasado mes de abril.

"Afirma la parte querellante que no se justifica que la cesión de negocio fuera la opción más favorable y lo más rentable para los intereses del Ayuntamiento, toda vez que haber pagado el reequilibrio económico hubiera supuesto pagar siete millones de euros menos", dice el escrito judicial. El auto da por probado que "no se solicitó un informe a un órgano independiente al disponer una instrucción vigente que si la EMT tenía recursos propios [...] no se podían externalizar". Es decir, que la valoración de Bonopark se hizo de forma correcta. Además, "el perito judicial concluyó que la valoración realizada por la EMT es adecuada".

El PP también planteaba en su querella que el procedimiento había sido opaco, ya que no había habido auditoría externa. El auto también tumba este argumento: "La conclusión de la asesoría jurídica es que la tramitación de dichos expedientes se ajustó a la legalidad, sin que se haya omitido ningún trámite esencial de procedimiento, habiendo sido autorizados por los órganos competentes respectivamente".

En suma, la decisión judicial exonera a los denunciados, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad en funciones, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia. Heredia explica a EL PAÍS: "Ha sido un camino largo hasta demostrar que todo se hizo conforme a la legalidad. Deseo que esto sirva para que no se pongan más trabas en el futuro a un servicio que bajo la gestión de EMT ha demostrado su eficacia y utilidad para contribuir a una mejor movilidad de la ciudad de Madrid".