Jueces para la democracia alerta del nombramiento del exsenador del PP Manuel Altava para el TSJ

La asociación progresista Jueces y juezas para la democracia alerta del posible nombramiento del exsenador del PP y magistrado Manuel Altava como miembro de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia valenciano. En un escrito, el juez y portavoz de la entidad Joaquim Bosch señala que el pasado 16 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó "el reingreso en el servicio activo del magistrado D. Manuel Guillermo Altava Lavall y también acordó su adscripción a los juzgados de Castelló de la Plana, en el orden jurisdiccional penal. El referido acuerdo también indica que, en el supuesto de que la planta de órganos de la jurisdicción penal de Castelló de la Plana estuviera al completo, el magistrado quedará adscrito a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia para que determine en cada momento el órgano judicial de prestación de los servicios".

Altava fue senador popular por Castellón desde 2008 y hasta la actual legislatura. Además, fue candidato a formar parte del Consejo General del Poder Judicial como vocal a propuesta del PP el pasado mes de noviembre. La renuncia a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo del juez Manuel Marchena, a raíz de la polémica suscitada por los mensajes del senador del PP, Ignacio Cosidó, en los que se jactaba de tener controlado el órgano, y la retirada del PSOE hicieron saltar por los aires el acuerdo.

El escrito de Bosch, que ha sido registrado y remitido al TSJ, señala que "ha llegado a conocimiento de la sección territorial valenciana de Jueces y Juezas para la Democracia que se está valorando adscribir a D. Manuel Guillermo Altava Lavall a la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuestión que podría decidirse en la próxima reunión de la Sala de Gobierno de fecha 29-5-19. Esa posible decisión vulneraría el referido acuerdo del CGPJ de fecha 22-11-18, que indicaba que este magistrado debía quedar adscrito a los juzgados de Castelló de la Plana, correspondientes al orden jurisdiccional penal. También supondría una infracción de la disposición transitoria 8ª de la LOPJ, en la redacción fijada por la Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre".

Fuentes el TSJ han incidido hoy en que el acuerdo del CGPJ será tratado este miércoles en el pleno de la sala de Gobierno de la institución. Se someterá a consideración la adscripción de Altava que siempre tendría un carácter transitorio hasta que se le asigne una plaza. Insisten en que no hay nada preestablecido de antemano ni se puede valorar una intención.  

De acordarse la adscripción de Altava al TSJCV, esta decisión sería, según Bosch, "contraria a las normas vigentes" y además "podría proyectar una imagen de favor". "No descartamos ejercer las pertinentes acciones de impugnación en el caso de que se acuerde", advierte.

"Se daría la sensación de que el referido magistrado no regresa al destino que le corresponde, sino a otro orgánicamente más relevante. A ello ha de añadirse que dicha decisión supondría la injusta postergación de los magistrados que ejercen sus funciones en los juzgados contencioso-administrativos y cuentan con mayor experiencia en dicho orden jurisdiccional", critica Bosch. Además, resalta que Altava "jamás ha ejercido un destino anteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa y por ello no cuenta con experiencia en dicha materia".

En 2010, el Tribunal Supremo archivó una denuncia contra Altava. La denunciante, su expareja Paloma Sanz, sostuvo que en 2005, después de haber cambiado la cerradura de su casa y mientras se encontraba de vacaciones, el magistrado de lo Penal accedió al que había sido domicilio de ambos, ayudado de un cerrajero, y se llevó varios objetos en un camión de mudanzas.  La sentencia admite los hechos, pero sostiene que para ser delito debería haber actuado con "fuerza en las cosas", característica que considera inexistente en este caso.

El pasado año, el exsenador del PP fue el encargado de rechazar ene el Senado la propuesta de Compromís de indemnizar a las víctimas identificadas y a los municipios de la comarca de El Maestrat por los bombardeos nazis durante la Guerra Civil.