¿Por qué pedir las llaves si puedes llamar al cerrajero?

¿Por qué vas a pedir las llaves a tu pareja para llevarte los libros y la ropa de la casa en la que ya no vives si en tu condición de juez de lo penal puedes llamar a dos cerrajeros en día festivo, hacerte acompañar de policías de paisano y reventar las cerraduras del domicilio y del despacho profesional de tu compañera?

Fue un 15 de agosto, fiesta en toda España. El entonces juez de Castellón Manuel Altava se acababa de separar después de más de cuatro años de convivencia y su mujer se había quedado en el domicilio conyugal. Aprovechando que ésta había ido a Benicàssim de vacaciones con los dos hijos de ambos, el juez se personó en la casa con los cerrajeros, varios policías de paisano, tres transportistas para acarrear los enseres y un camión de mudanzas y se apoderó de 70 cajas de libros, además de cuadros, estanterías, mesa y silla de despacho, ordenadores, impresoras y todos los efectos que consideró suyos. Una vecina, alarmada por las tentativas de reventar la cerradura, avisó a la policía municipal y a la ya ex, que regresó de la playa y todavía tuvo tiempo de oponerse a lo que calificó de "expolio" y de discutir sobre la propiedad de unos discos y unas plumas.

Si la entrada en el domicilio tuvo como finalidad retirar enseres que el juez consideraba suyos, no se sabe qué objeto tenía forzar las puertas del despacho profesional de la mujer, situado en la planta baja del mismo inmueble, así como registrarlo y desordenar los expedientes.

Decía la actriz Shelley Winters: "Cuando estés a punto de casarte con alguien, ve a almorzar con su ex esposa".

El asunto dio lugar a que el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón abriera un proceso por "delito de realización arbitraria del derecho propio". Es decir, que aunque los objetos fueran de su propiedad, el marido no podía reventar las cerraduras y entrar en la casa y el despacho de su mujer para llevárselos por el artículo 33, también llamado "porque sí". Y Altava, que era juez, tenía que saberlo.

El caso siguió adelante, se abrió el juicio oral y cuando estaba a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en Castellón, Altava fue salvado por la campana. Dejó temporalmente la judicatura para presentarse a las elecciones y resultó elegido senador por el Partido Popular.

Y entonces, al ser aforado, el caso pasó al Supremo. La fiscalía consideró que existían elementos suficientes para acusar a Altava por delitos de "realización arbitraria del propio derecho y allanamiento de despacho profesional" y pidió que se siguiera el trámite del procedimiento abreviado.

Sin embargo, el juez instructor del Supremo, José Manuel Maza, en una sorprendente resolución, ha apreciado que Altava no cometió delito alguno y ha archivado el caso. Explica Maza, con inusual clarividencia, que el reventar las cerraduras del domicilio y del despacho de su esposa no es un acto de fuerza ni de intimidación. Él considera que no se había producido todavía la ruptura de la pareja, sino un alejamiento temporal, y que lo que su ex colega hizo sólo fue un "mero cambio de cerradura" de su "propio domicilio". Agrega que el ex juez "en ningún momento pretendía realizar un derecho propio contra la voluntad de su ex pareja".

Y usted se preguntará: si todo era tan inocuo, ¿por qué el juez no llamó a su ex pareja y le pidió las llaves para entrar en la vivienda y llevarse sus cosas, en lugar de hacerlo cuando ella estaba de vacaciones y por la fuerza?; ¿por qué la vecina avisó a la policía municipal y a la ex esposa para que regresara inmediatamente?; ¿por qué la ex pareja se opuso a las pretensiones del juez calificando de "expolio" lo ocurrido? y, sobre todo, ¿qué parte del despacho profesional de la esposa le parecerá al juez Maza que puede considerarse domicilio familiar de su compañero?

Parece claro que los ciudadanos no tenemos la sagacidad y perspicacia de un magistrado del Supremo para estas cosas de la justicia, pero sin ser Sherlock Holmes, a simple vista se aprecia que algo no cuadra.

Menos mal que todos sabemos que los jueces del Supremo no prevarican, porque seguro que habrá malpensados que opinen que el asunto tiene un malsano tufillo corporativo.