La Generalitat defiende sus competencias para regular los alquileres abusivos

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han hecho una tregua en sus diferencias sobre el decreto ley que busca poner coto a los alquileres abusivos. La consejera de Justicia, Ester Capella (ERC) y el de Territorio, Damià Calvet (JxC) han presentado juntos la normativa que establecerá un mercado “tenso” de la vivienda, donde las rentas no podrán subir más de un 10% sobre los precios que fija el índice oficial de referencia, que se basa en las fianzas depositadas en el Incasòl.

La imagen de unidad llega además en plenas acusaciones hacia Esquerra por presunto electoralismo en hacer publica la medida en plena campaña electoral y sin haber llegado a un acuerdo con los neoconvergentes. Capella ha reivindicado que el decreto ley se ampara en el Código Civil Catalán y ha evitado referirse a un posible recurso por parte del Gobierno central. "Nosotros lamentaríamos un recurso", ha dicho Calvet.

"Estamos regulando sobre aquello que somos competentes", ha dicho Capella. La consejera ha recordado que en Cataluña se aplica el derecho civil español subsidiariamente, es decir, en los casos que no están previstos por el Código Civil Catalán. Como hasta ahora el Parlament no había legislado sobre los alquileres, la norma de referencia es la Ley de Arrendamientos Urbanos. Con todo, la Generalitat no ha hecho consultas previas con el Gobierno central para intentar evitar un posible recurso del Gobierno central. El Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional algunos apartados del Código Civil, que lo suspendió de manera cautelar, pero después le dio la razón a la Generalitat.

El texto también da autonomía al Ayuntamiento de Barcelona para que establezca sus propias zonas tensas. El resto de municipios tendrán que solicitar a Territorio que apruebe su propuesta. La norma también establece la posibilidad de que un inquilino pueda acudir a los tribunales (o a una mediación) si después de firmar un contrato descubre que tiene un alquiler abusivo. Se le podría devolver el dinero.

La vivienda nueva o rehabilitada integralmente tendrá prerrogativas. Los tres primeros años, su precio no estará regulado. Posteriormente y por cinco años tras las obras, podrá cobrar un 20% más sobre el precio del índice. Capella y Calvet, que han compartido atril en un hecho inédito en las ruedas de prensa posteriores a la reunión del Govern, han asegurado que esta excepción busca evitar que desincentivar la nueva construcción.

Capella ha salido al paso a las críticas que tachan de electoralista la medida, que está incluida en el programa electoral de Esquerra Republicana. La consejera ha asegurado que el decreto ley está incluido dentro del plan de Gobierno de la Generalitat. "El Govern tiene que gobernar y es sensible hacia el problema del coste de los arrendamientos", ha dicho Capella. Calvet ha declinado responder a pregunta de por qué su formación no lleva la propuesta en su programa electoral en Barcelona.

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) advirtió el pasado lunes de los posibles efectos contrarios sobre el mercado que puede tener el decreto ley. La ACCO considera que “el establecimiento de un precio máximo puede favorecer un alineamiento al alza de los precios de oferta de arrendamiento”. También cree que algunos propietarios podrían optar por vender o dejar sus pisos vacíos, disminuyendo así la oferta. Calvet se ha mostrado confiado en que las medidas serán "recibidas con dinamismo" por el mercado.