Madrid multará con 9.000 euros y el cierre del local la presencia de menores en casas de apuestas

La Comunidad de Madrid sancionará con 9.000 euros la presencia de menores o personas inscritas en las listas de autoexclusión en las salas de juego de la región, según el decreto regulador que ha aprobado este martes el consejo de Gobierno. La nueva normativa, que incluye una distancia mínima de 100 metros entre estos negocios y los centros educativos, también prevé que si se produce esa infracción pueda suspenderse la actividad de la sala durante seis meses, y hasta cinco años en caso de reincidencia.

No ha sido la única medida de calado adoptada por el Ejecutivo regional durante el último consejo presidido por Ángel Garrido, que dimitirá el jueves para inscribirse en las listas europeas del PP, y será sustituido interinamente por el vicepresidente Pedro Rollán.

Así, por primera vez se ha regulado el régimen de conciertos educativos en la región, que entrará en vigor el próximo curso 2019-2020. Su contenido blinda el sector contra la entrada de empresas sin experiencia y recuerda a los centros que tienen prohibido imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones económicas a fundaciones o asociaciones, o destinadas a servicios obligatorios asociados a las enseñanzas.

Denunciar el acoso escolar

Al tiempo, el Ejecutivo ha confirmado que pondrá en marcha el próximo curso el polémico cheque-bachillerato para introducir por primera vez la enseñanza concertada en el bachillerato. Para ello se invertirán 4,5 millones de euros para que 1.500 alumnos "con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro que elijan", según ha argumentado Garrido en rueda de prensa. Los requisitos para solicitar estas ayudas son estar matriculado o tener reserva de plaza; no ser repetidor de 1º de Bachillerato, y no superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros. La cuantía de las becas será de un máximo de 3.000 euros anuales por beneficiario y se concederá para el periodo escolar comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

En el ámbito educativo, el Gobierno también ha aprobado el decreto sobre convivencia escolar, que obligará a los alumnos a informar a sus profesores de los casos de acoso escolar que crean que están sufriendo otros compañeros de clase. Los alumnos que incumplieran esta obligación podrían enfrentarse a sanciones, dependiendo del caso, muy graves, como la expulsión definitiva; graves, expulsión de seis días, o leves, trabajos en beneficio de la comunidad.

Finalmente, los consejeros de Garrido también han aprobado la gratuidad de la educación infantil pública entre los 0 y los 3 años, que costará 53 millones de euros el próximo curso y fue la principal exigencia de Ciudadanos para prestar su decisivo apoyo a la aprobación de los Presupuestos de 2019.