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El AMB apuesta por reconvertir los peajes en tasas contra la contaminación

El Plan de Movilidad Metropolitana 2019-2014 contempla impulsar la distribución nocturna de mercancías

Vistas de una Barcelona contaminada desde el Mirador del Alcalde, en Montjuïc.
Vistas de una Barcelona contaminada desde el Mirador del Alcalde, en Montjuïc.

Con el debate generado durante el último episodio de contaminación todavía presente, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) apuesta por el peaje urbano para reducir las emisiones. Propone reconvertir los actuales peajes de concesión de los accesos de la ciudad que vencen los próximos años hacia una "tasa de congestión y contaminación para el vehículo privado". La idea figura en el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) para el periodo 2019-2024 que este miércoles se ha presentado al Consejo de la Movilidad y que si no hay sorpresas se aprobará la próxima semana en el Consejo Metropolitano.

Barcelona, que por ahora no restringe la circulación de los vehículos más contaminantes, vetará el año que viene a los que no tengan etiqueta ambiental, y ya ha dicho que en el futuro no descarta el peaje. El documento metropolitano no concreta cómo se reorientarían los actuales peajes al vencer las concesiones, pero da por sentado que habría que consensuar la reconversión con "las administraciones competentes".

El documento, así, pretende evitar que una liberación total de los peajes tenga un efecto llamado al uso del coche en el área metropolitana, una vez que los contratos de concesión de las vías de peaje se queden sin valor. El documento considera que otra tarificación, la de los aparcamientos, es una de las medidas más efectivas para reducir los desplazamientos en vehículo privado.

El plan, elaborado en colaboración con los 36 ayuntamientos, expertos y entidades, busca conseguir un modelo de movilidad metropolitana que sea "saludable, sostenible, eficiente y equitativa". Sus objetivos están alineados con el Plan Clima del AMB con el horizonte 2030 y con acuerdos internacionales como el de París de 2015 o los Objetivos de Desarrrollo Sostenible de Naciones Unidas. Así, la evaluación ambiental del Plan prevé una reducción de las emisiones de partículas y de dióxido de nitrógeno del 30%, lo que, asegura, reduciría a la mitad la población expuesta a una mala calidad del aire y reduciría un 10% la mortalidad anual asociada a la contaminación.

El PMMU agrupa 102 medidas relacionadas con grandes capítulos como el transporte público, la red viaria, la implantación de zonas de bajas emisiones, el aparcamiento, la distribución de mercancías, el uso de la bicicleta o los vehículos que menos contaminan. Una de las cuestiones que plantea el plan es que el Área Metropolitana asuma competencias de "programación y gestión" de la red de carreteras: la Red Viaria Básica Metropolitana.

Para citar algunas de las propuestas del PMMU, apuesta por mejorar los autobuses metropolitanos exprés, mejorar el transporte público de la segunda corona metropolitana, los accesos a polígonos, fijar una red viaria prioritaria para el transporte colectivo o mejorar la intermodalidad entre medios de transporte. El documento también quiere impulsar las zonas de bajas emisiones (zonas vetadas a los coches más contaminantes) fuera de Barcelona o que las condiciones para aparcar en la calle sean las mismas en todos los municipios del área.

El documento también contempla actuaciones para el sector de la distribución, con ideas como impulsar el reparto de mercancías por la noche o en horas valle, o crear puntos de recogida de paquetes en espacios públicos. Y respecto a la bicicleta, la apuesta es seguir desplegando la red ciclable, extender la bici pública metropolitana y facilitar la intermodalidad con el transporte público.

Sobre la red ferroviaria, el plan incorpora las actuaciones que el AMB considera prioritarias, como el Plan de Cercanías o el Plan Director de Infraestructuras 2021-2030 de la Autoridad del Transporte Metropolitano.

El coste estimado de las actuaciones del plan, a seis años, y sin tener en cuenta el desarrollo de infraestructuras, es de 1.350 millones de euros, de los cuales el AMB se compromete a asumir un 27% y deja el resto a "otras administraciones en función de sus competencias: los 36 ayuntamientos, Diputación, Generalitat y Estado". La cuantificación económica prevista para la ejecución de las infraestructuras es de casi 9.000 millones de euros.

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