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La crisis que ha sacudido a Societat Civil

La entidad busca relanzarse con delicados equilibrios entre sus familias constitucionalistas

Una imagen de una de las manifestaciones multitudinarias de 2017.
Una imagen de una de las manifestaciones multitudinarias de 2017.

De la mano de Josep Ramon Bosch, Societat Civil busca relanzarse tras haber atravesado una agría crisis originada por acusaciones de anomalías, nunca probadas, y diferencias ideológicas entre familias. En enero, Bosch asumió la presidencia con la filosofía de impulsar un catalanismo moderado que anhela que España le dé un relato para acabar con el independentismo. El sector más combativo, partidario de litigar por el uso de esteladas en el espacio público y que denuncia la “invisibilización de los no nacionalistas”, pareció quedar fuera de juego. O quizá no tanto.

Bosch concedió entrevistas y rechazó el uso del artículo 155 como arma electoral y defendió la inmersión. La junta que nombró hizo una nota para matizarle. No le desautorizó, pero defendió que se cumplan los fallos en favor de que el castellano sea vehicular y que el 155 está en la Constitución. Bosch ha tenido que modular su apuesta personal de virar hacia el catalanismo moderado para que todas las familias constitucionalistas se sientan representadas.

En ese juego de equilibrios y para dotar la entidad de transparencia, este mes presentará en asamblea un plan estratégico para el 2019 para paliar los “males” del procés. Tiene cuatro ejes: relanzar la entidad; velar por la neutralidad del espacio público; incidir en el ciclo electoral en favor del constitucionalismo y en una nueva hegemonía que, con un discurso en catalán, incluya a los catalanohablantes desencantados con el independentismo. Ni rastro de la inmersión aunque no pide el 155 como Ciudadanos o el PP. Sí que figura crear una singular Plataforma de Afectados por el Procés (PAP).

Bosch ha modulado su idea de virar hacia el catalanismo moderado

Bosch intenta reconducir la entidad tras la crisis que dejó a la entidad noqueada justo un año después de lograr sus mayores éxitos con las dos multitudinarias manifestaciones de 2017 contra el procés. El conflicto estalló de forma abrupta en diciembre cuando la junta destituyó a José Rosiñol, entonces presidente, y otros tres miembros, (9 votos sobre 14) por supuestas irregularidades contables. Nunca se confirmaron y él ha retado a quien quiera que lo lleve a los tribunales. Rosiñol achaca las acusaciones a que pidió a la firma Manifiesto, en la que trabajaba, fondos para financiar las dos manifestaciones. “Necesitábamos el dinero. Dos meses después, dejé el empleo”, dice. Rosiñol sí admite que gobernó mirando al exterior. “Dije en la junta que mi falló fue mirar el 99% de puertas afuera y un 1% hacia dentro. Lo repetiría. Creí que todo el mundo era leal”.

Apartado de la entidad —“No soy un florero”—, Rosiñol achaca su relevo a dos factores: a que parte de la junta le piso “palos en las ruedas” todo el mandato y a que el entonces y actual vicepresidente Alex Ramos, que le relevó de forma provisional, “cambió de bando”. El expresidente cuenta que en verano de 2017 expuso un plan estratégico a 15 años. Tenía tres ejes: seny, convivencia y reconciliación para no herir sentimientos. “Con el ‘yo soy español, español’ no se va a ningún lado. Yo era partidario de la apertura y el diálogo”, dice recordando que envió cartas a ANC, Òmnium o al president Torra. Ramos aclara su decisión: “Hubo una alerta y asumí responsabilidades”.

La junta propondrá crear la Plataforma de afectados por
el proces (PAP)

El sector crítico, calificado de españolista por otras familias, afirma que el relato de Rosiñol está edulcorado. “Él y un grupo dirigían sin dar explicaciones. Hubo contratos y gastos importantes sin pasar por la junta y generó incomodidad”, apuntan recordando que tres miembros le enviaron hace un año un burofax. Bosch reduce el conflicto a una “mala gestión” que generó tanta alarma en los colaboradores que cesaron sus donaciones. Pero descarta que Rosiñol se apropiara nada. “Tanto es así que hasta un acto en viaje a Miami me lo pagué yo”, replica el afectado. “El problema no era de ingresos: era de gastos”, rebate un exmiembro de la junta que cifra en 200.000 euros el coste de un acto en Madrid anulado por falta de público. La versión oficial, dice, fue el mal tiempo.

Con esa tensión, las diferencias ideológicas y estratégicas se acentuaron: la entidad dejó organizar grandes actos, frenó los litigios y fue pasiva con los lazos amarillos. Y apuntan que Rosiñol intentó que los jóvenes de Societat Civil retiraran una demanda contra la Universitat Autònoma. La fractura se consumó y formaron S'ha acabat. “Pero él aceptó continuar la acción en el Tribunal de Cuentas contra el Govern”, matizan fuentes de ese sector. “Hubo rivalidades con connotaciones políticas pero sin partidos detrás”, señala Bosch.

Con la entidad en la UVI, la crisis se quiso reconducir en enero con la figura del expresidente Rafael Arenas, catedrático de Derecho. Miembros del Patronato Joan Boscà, donante del colectivo, le animaron. Y aceptó con tres condiciones: asegurar la viabilidad económica; nombrar a su equipo y que la junta fuera de consenso. La asamblea del 19 de enero dio un giro inesperado: Rosiñol, aún vocal, amenazó con presentar su lista al acusar a la de Arenas de ser del sector “duro”. El catedrático dio un paso atrás. Y emergió Bosch: “Me lo propusieron y acepté. La lista de Arenas no era plural. Se rodeó de gente e Impulso Ciudadano y de S'ha acabat con un discurso españolista y en español muy firme”. Mientras Rosiñol medita impulsar la Societat Civil Europea, Bosch intenta que la entidad no renuncie a los catalanistas moderados. Ninguno de los dos ha quitado nunca un lazo amarillo. Bosch, eso si, anunció el viernes una denuncia contra Torra por no descolgar la pancarta en favor de los presos. “No permitiremos pasar ni una más. Sin ley no hay democracia”, dijo.

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