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Andalucía no se vende

Hay muchos ciudadanos que no se resignan a que se sigan deteriorando los servicios públicos, que son los derechos de quienes no tienen otro patrimonio

El nuevo Gobierno andaluz encarna la expresión de quienes penetran en las instituciones para ofrecerlas a quienes menos las necesitan; han mostrado demasiado pronto que, lejos de un pretendido gobierno del cambio, da el cambiazo ejerciendo de nuevo régimen con las prácticas clientelares y partidistas de siempre. Un tripartito de geometría variable que desmiente la pretendida regeneración democrática de Ciudadanos o el escándalo y la pseudoimpugnación de Vox coincide en el desguace de lo público. El actual presidente del Gobierno andaluz, con estos mimbres, no tiene disfraz que le salve.

Andalucía es la segunda comunidad más desigual en el segundo país más desigual de la OCDE; la brecha de su renta per cápita por habitante respecto a la media del resto del país no deja de agrandarse. Se acerca al 40% la población en riesgo de pobreza y exclusión social, la precariedad laboral caracteriza el nuevo empleo y siguen los niveles de paro siete puntos por encima de la media estatal. La persona desempleada tiene nombre de mujer joven, y la brecha salarial de género su expresión en el ámbito de quienes trabajan. Frente a eso, las recetas que la derecha ha anunciado responden a una desarticulación del Estado –las cmunidades autonómicas también lo son- en forma de agujereo fiscal y su correspondiente reducción de ingresos, que abre la puerta en su relato a la desprotección de los servicios públicos, sanidad y educación principalmente, en forma de gran privatización.

Observamos un consenso del tripartito: vender Andalucía a precio de saldo. El patrimonio de nuestra tierra es objeto del deseo del mercado, se llame Doñana y la desecación de los humedales, una nueva ley del suelo para una nueva burbuja inmobiliaria, o los conciertos educativos y sanitarios como forma de transferencia de recursos públicos al sector privado. Pero nada comparable a la pérdida del patrimonio constitucional del pueblo andaluz: su autogobierno.

No es alarmismo constatar que las instituciones del autogobierno se empiezan a cuestionar para abordar una nueva recentralización. Y conviene tener un diagnóstico acertado para abordar la defensa de un modelo descentralizado y que desarrolle nuestro Estatuto de Autonomía.

Hay esperanza: la de saber que hay mucha Andalucía que no se resigna a que se sigan deteriorando los servicios públicos, que son los derechos de quienes no tienen otro patrimonio.

En Adelante Andalucía nos queda una tarea de enorme responsabilidad: la de colaborar con la sociedad andaluza en conformar la alternativa -que no la alternancia- a las políticas de PP, Ciudadanos y Vox, que no es otra que una Andalucía igualitaria, soberana, feminista, solidaria, mestiza y ecologista, con plenos derechos sociales y libertades para todas y todos los andaluces.

Ángela Aguilera y Antonio Maíllo son dirigentes y diputados de Adelante Andalucía.

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