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“Me quedé sin contrato y ahí empezó mi calvario”

La boliviana Carmen Leigue, a punto de ser expulsada del país, consigue que le reconozcan el arraigo tras 17 años de residencia en España

Erick y su madre, Carmen Leigue, ayer tras conocer la revocación de la orden de espulsión que pesaba sobre la boliviana.

Carmen Leigue, boliviana de 63 años llegada a España en 2001, se quedó hace dos años sin contrato de trabajo. "No logré completar el cupo para renovar mi permiso de residencia y ahí empezó mi calvario", explica después de que el Gobierno español la detuviese y ordenase a finales de enero su expulsión porque carecía de papeles. Una decisión que el Ejecutivo revocó este lunes tras un recurso de la abogada de Leigue que acredita el arraigo que un juzgado le negó recientemente.

Esta mujer, que se dedicaba en Bolivia al comercio, aterrizó en Valencia 17 años atrás con su hija de ocho años y se quedó. A los pocos meses comenzó a cuidar de un hombre de 84 años enfermo y consiguió regularizar su situación. Hasta que, después de la crisis económica, con más de 60 años y dedicándose a la limpieza o al cuidado de mayores y niños [sectores muy afectados por la precariedad] se quedó sin trabajo y cayó en una irregularidad sobrevenida, una situación en la que los inmigrantes pierden su tarjeta de residencia porque no pueden aportar la cotización mínima exigida a la Seguridad Social.

"Antes de la crisis no había tantas dificultades, le hacían contrato aunque ella se pagaba la Seguridad Social", relata su hijo Erick, que tiene la residencia permanente en España e hijos nacidos en el país. Carmen consultó cuando se quedó sin contrato y le aconsejaron que solicitase la tarjeta porque llevaba muchos años en el país y tenía posibilidades de conseguirla pero se la denegaron. Luego le llegó una carta donde le pedían que regularizase su situación o la expulsaban. "Ahí es cuando me movilicé pero no conseguía un contrato, la gente me ofrecía trabajo pero no un contrato", dice echando la vista atrás.

El 21 de enero todo se precipitó. "Iba con mi hija a una tienda de móviles para arreglar el teléfono y cuando fuimos a entrar una pareja de paisano nos cerró el paso, me mostraron su identificación de policía y me pidieron la documentación. Les dije que tenía el NIE caducado y me detuvieron porque no tenía papeles", rememora. La llevaron a una comisaría de Paterna (Valencia), donde le quitaron sus efectos personales, las gafas, el cinturón, los cordones y la metieron en un calabozo. Fue la abogada de oficio quien la sacó horas después.

Leigue acudió confiada la semana pasada a la comisaria al control de firma y ya no la dejaron salir. En 72 horas saldría expulsada de España en un vuelo hacia Bolivia y si no había plaza iría a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), cuenta Carmen que le informaron. "Ni me lo podía creer, me sentí fatal. No he hecho nada malo, no soy una criminal, les dije.  Fue duro estar allá abajo",  dice de su estancia en la celda.

La plataforma CIEs No de Valencia alertó sobre su caso y después de casi tres días retenida, la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana paralizó la expulsión tras el recurso de la abogada de la mujer. El desenlace llegó este lunes cuando el Ejecutivo aseguró que reconocía el arraigo de Leigue y revocaba su deportación.

El calvario de Carmen queda atrás.  "Cuando salí del calabozo [el jueves 14 de febrero] me sentí contenta, feliz. Me di cuenta de que mucha gente se había interesado por mi. Gracias a ellos, estoy aquí ahora", reconoce. No se han separado de su lado ni su hijo Erick ni Txema Toribio, de la ONG Pscólogos sin Fronteras, organización a la que Carmen está ligada desde hace años.

"La burocracia es brutal", afirma su hijo Erick tratando de explicar cómo su madre se ha visto en una situación así. "Cuando has iniciado un procedimiento para solicitar la residencia y te lo deniegan, no puedes abrir otro hasta pasado un tiempo", agrega. Cuando la detuvieron, lo intentaron de nuevo: "Buscamos un abogado pero nos dijo que hasta que no llegara la carta de expulsión no podíamos volver a solicitar el arraigo. Es todo muy complicado".

Toribio no entiende la decisión del juzgado de Valencia que negó el arraigo a Leigue en plena crisis. "Pueden decir que Carmen no tenía los documentos suficientes pero la ley [de Extranjería] recomienda para personas que residen de forma continuada en España más de cinco años, y ese es el caso de Carmen, una multa pero no la expulsión", concluye.

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