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Historia de dos ‘processos’

La Fiscalía y las defensas tratarán de imponer, en el juicio, su propio relato sobre lo que ocurrió en Cataluña y cómo deben interpretarse los hechos

Los exconsejeros de la Generalitat llegan a la Audiencia Nacional el 2 de noviembre. En vídeo, esto es lo que se juzga en el 'procés'.

Era la revolución de las sonrisas, era la rebelión contra el Estado; era la edad de la esperanza y la de la crispación; la época del derecho a la autodeterminación y la del desafío unilateral; era la primavera de la libertad y el otoño de las prisiones; las movilizaciones eran pacíficas, las algaradas eran violentas; íbamos todos derechos a la independencia, todos nos precipitábamos a la confrontación. La paráfrasis de Historia de dos ciudades, de Dickens, ilustra las visiones antagónicas que a menudo provoca el procés.

Los sucesos ocurridos en el otoño de 2017 en Cataluña parecen, a primera vista, evidentes e indiscutibles. Todo está documentado, publicado en diarios oficiales, examinado por mil ojos, retransmitido casi en vivo. Y aun así, la batalla por los hechos —por su naturaleza y su alcance, por sus consecuencias penales— será la primera y más relevante del juicio que afrontan los políticos catalanes en el Tribunal Supremo. ¿Estuvo la independencia “a punto de lograrse”, como dice el fiscal o fue todo un enorme farol para forzar al Gobierno a negociar? ¿La protesta ante la Conselleria de Economía fue el “asedio” de una “turba” o una “protesta pacífica”? Y el día del referéndum, ¿los policías se excedieron o usaron legítimamente la fuerza ante la “contumaz” resistencia de los ciudadanos?

Un juicio es, entre otras cosas, una disputa dialéctica para imponer un relato. El homicida quiere que crean su coartada. El corrupto, que no lo hizo. El agresor sexual, que hubo consentimiento. Con la vista contra los líderes independentistas ocurre algo parecido. “Hay unos datos objetivos. Pasaron cosas. Pero lo importante es qué se proyecta sobre esos hechos, con qué lente se miran”, sostiene un jurista ajeno a la macrocausa que arranca el martes y que pondrá a prueba una vez más los vínculos de Barcelona y Madrid, cada una, también, con su particular mirada sobre el procés.

La Fiscalía ha elaborado, a partir de los atestados policiales, una narrativa propia del procés, que le lleva a hablar de “violencia” y a sostener que hubo delito de rebelión. Pero ese relato, tal como está contado, “no se corresponde en absoluto con la realidad”, replica la defensa de Jordi Sànchez. O bien muestra como “hechos indiscutibles” lo que en realidad son “opiniones y valoraciones”, agrega el abogado del exconsejero Joaquim Forn.

Antes de entrar en la pelea jurídica —si concurren o no los requisitos del tipo delictivo—, la clave es “marcar el terreno de juego”, agrega el jurista. Aquello que, en la sentencia, serán los “hechos probados”. Con la violencia (o su ausencia) como hilo conductor, Fiscalía y defensas han delimitado dos campos incompatibles, dos relatos, la historia de dos processos.

El contexto político. La Fiscalía define el procés como una “estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada” para “fracturar el orden constitucional” y lograr la independencia. El Gobierno catalán, el Parlament y las entidades sociales (ANC y Òmnium) iniciaron su “actuación ilegal” en 2015 con la “hoja de ruta”, que con palabras benévolas buscaba en realidad “una insurrección patente” contra el Estado. Los líderes de ese desafío estuvieron “a punto de lograr” su objetivo: “declarar la independencia y obligar al Estado a aceptarla”.

Las defensas —con sus variantes— vienen a decir que los acusados se limitaron a canalizar una “reivindicación política” legítima. E insisten en que el objetivo fue siempre abrir “canales y vías de diálogo para encontrar una salida política”, a lo que el Gobierno se negó.

20-S, ¿asedio o protesta? El 20 de septiembre de 2017, un juez de Barcelona ordenó 40 registros en sedes de la Generalitat y 14 detenciones de altos cargos por organizar el referéndum ilegal. Durante todo el día, miles de personas se concentraron frente al Departamento de Economía mientras la Guardia Civil se incautaba de documentación. Acudieron a la llamada hecha de, entre otros, el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

El 20-S es una cita clave en el proceso judicial porque la Fiscalía ancla en esa jornada su relato de la violencia. Para la acusación, Sànchez y Cuixart animaron a la “ejecución de actos de fuerza, intimidación y violencia” que “entorpecieron gravemente” el cumplimiento de la orden judicial. Cita dos ejemplos: los detenidos no pudieron estar presentes en los registros y la comisión judicial se vio “privada de libertad de movimientos”. Donde la Fiscalía ve el “asedio” de una “turba”, las defensas ven “un acto de ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica” y “una muestra más del civismo” de las protestas del independentismo. Los detenidos, recuerdan, renunciaron a su derecho a estar presentes en el registro, mientras que la movilidad de la comitiva se garantizó con un “ágil corredor humano” —organizado por voluntarios de la ANC— que les permitió desarrollar el trabajo “sin incidencias”.

La Fiscalía señala que dos coches de la Guardia Civil quedaron destrozados y que Sànchez y Cuixart se subieron a uno de ellos a las 23.40. Las defensas replican que solo lo hicieron para pedir que la gente se marchara, que los periodistas se habían subido antes a tomar imágenes y que “algunos manifestantes” aprovecharon la “desprotección” para “pintarlos y causarles daños”; en ningún caso, dicen, puede atribuirse esa violencia a los líderes sociales. Tampoco se les puede atribuir los incidentes que, una vez desconvocada la manifestación, causaron unas 500 personas al enfrentarse con los Mossos. Pero la Fiscalía insiste: con su “incendiaria convocatoria”, los actos de violencia fueron “conocidos, inducidos y consentidos” por ambos.

El 1-O y el papel de los Mossos. En el relato de la Fiscalía, los Mossos d’Esquadra juegan un papel esencial: pusieron su “poder coactivo” en manos de la Generalitat y, con su “inacción y pasividad”, hicieron posible la consulta ilegal. Los mandos “antepusieron las directrices políticas recibidas del Govern al cumplimiento de la ley”. Su plan de actuación para el 1-O, con solo 7.000 agentes “cuando en unas elecciones son 12.000”, era tan ineficaz que “neutralizaba por completo” el cumplimiento de la orden judicial de impedir la consulta. A esa orden, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se acogen precisamente los Mossos y las defensas para justificar que todo se hizo correctamente. El 27 de septiembre, la magistrada Mercedes Armas ordenó a los tres cuerpos policiales que se impidieran las votaciones, pero “sin alterar la normal convivencia ciudadana”.

La defensa del exconsejero de Interior Joaquim Forn señala que, aunque los mandos advirtieran de riesgos para la seguridad, en ningún caso se proyectó “un escenario de insurrección ciudadana masiva”. Y recuerda, además, que nadie —ni siquiera el coronel designado para coordinar el operativo, Diego Pérez de los Cobos, testigo destacadísimo de entre los más de 500 que escuchará el Supremo— puso en duda el dispositivo policial.

El juicio a los dirigentes independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia arrancará mañana martes en el Tribunal Supremo en Madrid. En el banquillo se sentarán el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jodi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Los nueve que están en prisión preventiva (todos menos Vila, Mundó y Borràs) fueron trasladados el pasado día 1 desde las cárceles catalanas, en las que estaban desde julio pasado, a prisiones de Madrid. La Fiscalía pide para ellos entre 7 y 25 años de prisión por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Se calcula que el juicio dure unos tres meses.

El 1-O y la violencia

Los independentistas repiten a menudo que la única violencia del procés fue la que descargaron las porras de la Guardia Civil y de la policía contra ciudadanos pacíficos que estaban votando. Más de un millar, según sus cálculos, fueron lesionados ese día. Ese argumento reproducen, con matices, las defensas: las cargas fueron “desproporcionadas e innecesarias”, y los mensajes de los líderes políticos llamaron siempre a la resistencia “pacífica”. Pensaban que la jornada sería similar a la plácida consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Los ciudadanos se limitaron a “ejercer pacíficamente el derecho de expresión, reunión y manifestación” más allá de que hubiera incidentes aislados. Para la Fiscalía, en cambio, hay dos violencias: la de los ciudadanos —que cometieron “actos de agresión contra la policía” y actuaron como un “muro humano”— y la de los políticos como instigadores. Los exconsejeros eran “plenamente conscientes” de la “altísima probabilidad” de que estallaran incidentes; entre otras cosas, por el precedente del 20-S. Y aun así, los dirigentes “fomentaron, propiciaron y buscaron el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad”. La cifra de heridos, añade el fiscal, está “manipulada para magnificar la represión policial”.

Las dos historias del procés atañen también a lo que ocurrió después: los actos de acoso a policías alojados en Cataluña, las huelgas, la intervención del Rey, la declaración del 27-O y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Frente al plan concertado que dibuja la Fiscalía, las defensas dicen que los acusados se limitaron a asumir el “mandato del pueblo” y que defienden el derecho a la autodeterminación de forma “cívica y pacífica”; pero nunca declarar la independencia “por medios violentos”. Como epílogo, la malversación de fondos públicos, campo abonado también para la discrepancia: el fiscal insiste en que se usó dinero de todos para fines ilegales, mientras que las defensas replican que ni un solo euro público se empleó en el referéndum.

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