El Ministerio de Industria pone en peligro las elecciones a la Cámara de Comercio

Una orden del Ministerio de Industria amenaza con llevarse por delante las próximas elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona (y las de las otras 12 corporaciones camerales de Cataluña), convocadas para el próximo mes de mayo. El problema radica en que el texto, de aprobarse tal y como está redactado ahora, generaría un conflicto de competencias, al instar que los empresarios puedan votar de forma presencial, por medios electrónicos o por correo, mientras que la Generalitat solo baraja la votación electrónica, ya sea de forma presencial o remota.

Hace nueve años que no se celebran unas elecciones para renovar el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona. Y en estos momentos no está claro que los actuales candidatos (Enric Crous, Ramon Masià, José María Torres y Carlos Tusquets) puedan relevar a Miquel Valls, actual presidente, a partir del 8 de mayo, cuando concluirá el periodo de votación. En su camino se ha interpuesto una orden ministerial con la que Industria pretende regular el voto electrónico, pero en la que fija que éste ha de ser “complementario” a otros sistemas de votación, un hecho que no contempla el decreto catalán que regula las elecciones catalanas, y que el Gobierno central no impugnó en su momento.

El Ministerio ha imprimido la máxima velocidad a la elaboración de la orden desde que el pasado 15 de enero comunicara a los respectivos consejeros autonómicos titulares de la cartera de Industria. Mañana jueves finaliza el periodo para presentar alegaciones y a partir de ahí se iniciará la recta final para su aprobación. Fuentes del Departamento de Empresa señalan que su actual articulado choca con el decreto catalán y que su entrada en vigor, cuando el proceso electoral está en curso, supondría un agravio comparativo respecto a las elecciones que se han celebrado en las cámaras de otras zonas, como es el caso de Alicante.

Si el texto que finalmente sea aprobado continúa marcando la necesidad de que convivan las tres formas de voto (en urna, por correo o de forma electrónica), se produciría un choque de normativas que abriría un marco de inseguridad jurídica, el peor escenario para una partida entre cuatro contendientes, como es el caso de la Cámara de Comercio de Barcelona. Si la Generalitat optara por adaptar su reglamento electoral al que marca la orden, debería elaborarlo de nuevo, un proceso que fárcilmente se puede dilatar hasta un año. Y ese bloqueo sería más largo si decidiera llevar la orden ministerial ante el Tribunal Constitucional.

La Generalitat aprobó en julio el decreto que regulaba las elecciones a la Cámara, de las que tiene la competencia. La suya fue una apuesta total por la digitalización, después de que en las elecciones de 2010 además de una baja participación del 2% hubiera un 73% de los votos por correo que fueron anulados, al considerar un tribunal que era sospechoso que la mayoría salieran de dos únicos códigos postales. El Govern pretende ahora aumentar esa participación y conseguir que una mayor porción de los 680.000 empresarios y empresas que constan en el censo electoral ejerzan su derecho a decidir.