Pilar de Lara: “Hay zonas de España donde el maltrato animal está normalizado”

En década y media el envoltorio legal que protege a los animales ha "mejorado" bastante, "pero todavía hay mucha desproporción entre el número de denuncias que se presentan y el de sentencias condenatorias". Porque las leyes son ambiguas e incompletas; porque falta formación en los Ayuntamientos y la policía; porque todavía es escasa la "concienciación social". Por no haber, ni siquiera hay veterinarios forenses ni se imparte en facultades de veterinaria como la de Lugo formación legal para elaborar "un informe que sirva en un juicio". La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, dibujó ayer en la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago el todavía borroso paisaje de los delitos de maltrato animal, después de convertirse en 2017 en la primera magistrada que dictaba una orden de alejamiento en España para amparar a Katalina, una perra defenestrada en la ciudad de Lugo. Su objetivo era proteger a este "ser sintiente", que no mera propiedad decomisable, de la pareja de humanos con los que vivía. Sin embargo, posteriormente la Audiencia de Lugo echó por tierra su decisión porque la fiscalía interpretaba que la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo estaba escrita para las personas. De Lara sigue discrepando en esto, porque el artículo en cuestión, el número 13, "no dice" que las víctimas tengan que poseer la "condición de humanas". Mucho del éxito o el fracaso de las investigaciones y las sentencias condenatorias depende de la sensibilidad y la interpretación de jueces y fiscales, pero también de la comunidad autónoma o el territorio donde estos ejerzan. De Lara señala a Cataluña como una de las autonomías más avanzadas y lamenta que en muchas zonas rurales de Galicia, por ejemplo, "el maltrato animal esté normalizado".

"En Galicia la gente que tiene a los perros encadenados cree que los cuida porque pasa a darles de comer y con eso basta". Hay infinidad de canes sin microchip y sin vacunar, "por no hablar del problema de los équidos", mientras falta formación en los agentes y el alcalde mira para otro lado porque los vecinos "votan". "Se genera cierta forma de amiguismo que da lugar a que no se presenten denuncias", y además existen policías y guardias civiles que consideran que los delitos contra los animales son "de segunda o de tercera". A no ser que estos sean perpetrados por "grupos criminales" organizados, porque por estos "sí dan medallitas" (condecoraciones), lamentó en su ponencia durante una jornada sobre derecho animal organizada por la facultad y la Fundación Franz Weber (FFW).

La juez pide que se cubra el "vacío" legal que existe en España en aspectos que sí están definidos en el caso de las personas que son víctimas. Por un lado, se encuentra la aplicación "rígida" de la ley y, por otro, el artículo 4 del Código Civil, que dice que "las normas se tienen que aplicar conforme a la realidad social". Partiendo de esta disyuntiva, los jueces se encuentran en la situación de tener que "dar protección a un animal, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece normas específicas para proteger a un animal".

"¿Eso significa que lo tengo que dejar desprotegido o mi obligación como juez es protegerlo?", preguntó en declaraciones a la prensa antes de entrar al curso. "Yo lo veo muy claro", dijo, pero hay "otros operadores jurídicos que no lo entienden así". Por eso la Audiencia tumbó la medida de alejamiento, en forma de "guardia y custodia" que ella acordó para los dueños de Katalina cuando en noviembre de 2017 supuestamente se precipitó o fue arrojada desde una ventana y no recibió cura para sus huesos rotos hasta que intervino el juzgado. Aquel auto de De Lara, aplaudido por todos los grupos animalistas, dio la vuelta al país y fue reclamado para incorporarlo como jurisprudencia por otros magistrados y especialistas en derecho animal. La juez se apoyaba en el artículo 339 del Código Penal, que permite "adoptar todas las medidas necesarias para proteger el bien tutelado".

Mientras que a ella le tumbaron la decisión, un tribunal de Valencia sí pudo luego establecer una orden de alejamiento y prohibición de tenencia de animales. Esto solo se explica por la ambigüedad e indefinición de unas leyes cuyo resultado depende del parecer de cada juez o fiscal. Pese a esto, declaró a Europa Press, "no por tener muchas leyes -lo decía Tácito en la Antigüedad- un Estado es menos corrupto. A veces no es un problema de leyes, sino de medios suficientes". "De nada sirve" que la comunidad gallega proponga el sacrificio cero "si después resulta que no se invierten los medios necesarios para crear instalaciones apropiadas para los animales abandonados o en situación de maltrato". "Hay perreras y sociedades protectoras que malviven con el dinero que les dan los voluntarios y algunas parecen auténticos corredores de la muerte", reprochó la juez.

Como instructora, esta situación le hace plantearse, si tiene que decomisar un animal, si es "mejor dejarlo con el maltratador o llevarlo a un albergue que carece de unas instalaciones donde el animal pueda llevar una vida digna o un poco mejor de la que tenía". Pilar de Lara atribuye la aprobación de "muchas leyes en base a la importancia que tiene el voto animalista" en las elecciones, pero estas decisiones políticas "no van" luego "acompañadas de los presupuestos necesarios". "No creo que sea necesario dictar muchas leyes, pero sí establecer leyes que sean claras, seguras y sobre todo, que se cumplan. Eso es fundamental", reclamó, porque no puede "haber disparidad" en la aplicación como hay ahora.

De Lara destaca "tres problemas" que según ella son clave y que radican en la "prevención": la "necesidad de que el Estado invierta fondos en educación, inspección, y resocialización o inserción de los maltratadores". Esto es "fundamental" para que no haya que llegar a la segunda vía, en la que actúan los jueces, que es la "persecución" y la "protección", a posteriori, de los animales que sufren maltrato.