La venta ilegal en el puerto de Vigo, con 13 imputados, se archiva por falta de pruebas

El juez, no obstante, señala en el auto de archivo provisional que “el cúmulo de irregularidades en la gestión de las distintas actividades portuarias era notoria y patente, sobre todo por los jefes de la policía portuaria” de O Berbés. A raíz de la investigación, según el magistrado Juan Carlos Carballal, “muchos de aquellos comportamientos irregulares que desde antaño se venían asumiendo como normales han dejado de producirse, lo que sin duda beneficia al conjunto de la sociedad y a los propios usuarios de las instalaciones”.

El juzgado abrió diligencias por una investigación de la Guardia Civil, la segunda que se lleva a cabo en este puerto por irregularidades en la lonja y que han sido archivadas por falta de pruebas. El juez señala en el auto que en lo referente a los avisos de inspecciones, si bien las conversaciones telefónicas han puesto “de evidencia esas prácticas, tales hechos no pueden integrar el tipo penal, pues en el momento que la inspección entra en dependencias del puerto ya deja de ser secreta”.

Sobre los delitos de cohecho, el magistrado indica que no se ha podido constatar que por esos avisos de la inspección portuaria estos agentes “recibieran o pidieran alguna dádiva”, como se sospechó en un principio y por lo que se ordenaron las detenciones hace año y medio.

La Operación Govi pretendía poner al descubierto una presunta red de extorsión y venta de pescado ilegal en la lonja y arrancó con 32 imputados, de los cuales 22 eran agentes de la policía portuaria y siete armadores. El resto de los implicados en las investigaciones eran operarios y trabajadores del puerto que supuestamente actuaban como cómplices.

Según la investigación de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra que ahora ha sido archivada, la trama actuaba con total impunidad para controlar la venta de pescado en la lonja, sin pagar tasas ni extender facturas, ni tampoco acreditar el origen o trazabilidad de la mercancía que circulaba sin las garantías sanitarias exigibles para su consumo.

A cambio de hacer la vista gorda, los policías portuarios implicados en la presunta red de extorsión, recibían sobres con dinero o mercancía que vendían en restaurantes de la zona, o incluso en la misma lonja a precios más bajos, compitiendo de forma desleal con los demás vendedores, pero nada de esto se ha podido probar.

Los agentes tuvieron indicios de que los vendedores de la lonja que se negaban a acceder a las extorsiones, se les asignaba los peores puestos de venta o eran multados por los policías portuarios por infracciones que pasaban por alto a la mayoría de los usuarios del puerto, como fumar en el interior de la lonja, carecer de documentación de trazabilidad las cajas de pescado expuestas o por estacionar de forma incorrecta los vehículos en el muelle.