Decenas de implicados en el cobro de sobornos en los puertos de Vigo y Marín

Lo que en principio se instruyó como un fraude de IVA de 13,6 millones de euros de una cooperativa ha acabado destapando una presunta red de comisiones ilegales y sobornos que venía funcionando, al menos, desde 2008 en los puertos de Vigo y Marín para no declarar un porcentaje de las descargas de pescado. Una investigación de gran calado, que podría acarrear fuertes sanciones administrativas y delitos penales para el sector pesquero gallego y empresas de distribución de la provincia de Pontevedra.

La Agencia Tributaria detectó el millonario fraude en 2011, en el que hay tres imputados por la acusación de la fiscalía de Delitos Económicos y elevadas multas por impago del IVA. Los primeros indicios de la trama que implica a operadores portuarios, principalmente subasteros, saltaron después de comprobar Hacienda el enorme listado de armadores (casi 200) que se habrían prestado a participar en la doble contabilidad de la cooperativa San Miguel de Marín, una práctica ya reconocida por algunos ante el juez.

Dada la trascendencia del asunto, el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, asumió el peso de la investigación con la apertura de oficio de unas diligencias informativas que ya acumulan tres tomos de instrucción con los informes resultado de las pesquisas que los últimos cuatro meses ha realizado la policía judicial de la Guardia Civil en ambos puertos. La abultada investigación, “muy compleja”, según fuentes del caso, salpica a decenas de trabajadores portuarios que venían aceptando sobornos y comisiones a cambio de manipular el pesaje de los productos en fresco que pasaban por las lonjas. Siempre de acuerdo con los proveedores (armadores) y cooperativas (compradores y distribuidores), la red habría generado millones de euros de ganancias encubiertas en los últimos años sin declararlas al fisco.

Aunque todavía no hay imputados, por la Fiscalía de Pontevedra ya han pasado a declarar esta semana varias personas en calidad de testigos y los interrogatorios van a continuar los próximos días. Algunos de los que se han prestado a declarar ante el fiscal jefe son parte perjudicada por la trama económica. Tirando de una enmarañada madeja, la investigación pretende llegar a los responsables de esta extensa red de presunto reparto de comisiones y fraude fiscal instalada en dos de los principales puertos pesqueros de Galicia. Todos los indicios apuntan a que una o varias cooperativas habrían diseñado esta formula para estafar a Hacienda y se estima que los porcentajes de las descargas no declaradas llegaban a la mitad en la mayoría de los casos.

Paralelamente a estas diligencias, en la instrucción del millonario fraude de IVA, que destapó la supuesta red de comisiones, ayer declararon en el juzgado de Marín los tres imputados en el caso. El presidente de la cooperativa San Miguel, José Luis Santiago Pereira, acusado por tres delitos económicos, negó ante el juez y el fiscal la existencia de la contabilidad b en la entidad. En parecidos términos se expresó en su testimonio judicial el responsable de las oficinas que la cooperativa tiene en el puerto de Vigo, Laureano Pesqueira Veiga, y el jefe de subasteros, Enrique Fernández Arca. Ambos empleados confeccionaban las denominadas notas de venta y hojas de autoliquidación en las que aparecen indicios de contabilidad paralela, según el escrito de acusación del fiscal Augusto Santaló.

Los dos empleados están acusados de actuar como cooperadores necesarios del presidente de la cooperativa y principal imputado en la comisión del fraude, por el que se le reclama un millón de euros y unas multas que podrían elevarse a casi diez. Los tres, en un primer momento, se habían acogido a su derecho a no declarar ante el juez y más tarde solicitaron una comparecencia voluntaria después de que lo hicieran varios armadores. La declaración de los tres imputados contrasta con la de cuatro de los armadores citados por el juzgado para aclarar el presunto fraude de 13.689.998 euros. Los propietarios de los buques ddmitieron esta práctica al menos en los tres ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010. A partir de informes de Hacienda, el fiscal sostiene que la cooperativa llevaba una doble contabilidad y que en sus declaraciones fiscales no se reflejan las operaciones económicas reales por lo que no se tributaron las descargas de pescado que efectuó en el puerto vigués. También abrió expediente sancionador a los armadores que aparecían identificados en las facturas incautadas, algunos con su firma y con el nombre del barco.