Puigdemont lleva al Constitucional la Mesa del Parlament, con mayoría independentista

La lucha jurídica abierta por el expresident Carles Puigdemont para poder votar en el Parlament le ha llevado a pedir al Tribunal Constitucional que anule un acuerdo de la Mesa de la Cámara catalana. Puigdemont considera que ese órgano, de mayoría independentista, vulneró en octubre su derecho a acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos, cuando se decidió el mecanismo para cumplir con la suspensión ordenada por el Tribunal Supremo. Junts per Catalunya justifica el recurso para poder recurrir a instancias europeas.

En el texto del recurso de amparo, que adelantó este lunes Eldiario.es, la defensa del expresident asegura que “la actuación de la Mesa del Parlament es una decisión arbitraria, sin base jurídica y sin motivación válida alguna”. Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Puigdemont, sostiene que dicho órgano del Parlament, que preside el responsable del Legislativo autónomo, Roger Torrent, de ERC, no podía retirar a su cliente la prerrogativa del voto delegado que ya le había concedido en segunda instancia en junio.

Tras ser detenido en Alemania y a la espera de que la justicia de ese país decidiese sobre su extradición por un supuesto delito de rebelión, Puigdemont pudo delegar su voto. La Mesa del Parlament entendió que se cumplía la condición de incapacidad que establece para ello el Reglamento de la Cámara. Se trató de una lectura muy laxa de la norma, pero que también cobijó a los políticos que se encontraban en prisión preventiva.

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Esa delegación de voto entró en conflicto con la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de suspender a los diputados secesionistas procesados por rebelión, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Llarena pidió al Parlament que, aunque los diputados mantuviesen sus actas, no pudieran ejercer sus derechos como tales.

Junts per Catalunya (el grupo al que pertenece Puigdemont) y Esquerra no lograron llegar a un acuerdo sobre cómo aplicar la suspensión y eso paralizó la actividad de la Cámara y abrió una de las mayores crisis entre ambos socios del Govern en lo que va de legislatura.

Posteriormente, en octubre, las dos formaciones secesionistas pactaron una fórmula para que el Parlament rechazase en una votación esa suspensión —con el argumento de que según el reglamento solo puede hacerlo el pleno— y que después los afectados delegaran su voto en otro diputado para que no resultase afectada su mayoría parlamentaria.

Solo dos diputados de Esquerra cumplieron con la segunda parte, por lo que sus votos sí cuentan en el Parlament. Junts per Catalunya incumplió, en cambio, su parte y se negó a que sus diputados afectados (Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, los tres en prisión, además del expresident, huido a Bruselas) delegaran el voto, al dar por buenas las cesiones hasta el momento vigentes, lo que la Mesa no aceptó. Desde entonces, el secesionismo se encuentra en minoría en el Parlament.

El escrito presentado ante el Constitucional argumenta que la decisión del pleno del Parlament de no acatar la suspensión tiene mayor rango que la suspensión finalmente acordada por la Mesa. La defensa de Puigdemont —quien en septiembre calificaba al Constitucional de tribunal “deslegitimado, desprestigiado y politizado hasta niveles impropios” o “conchabado con el Gobierno”— argumenta que sus derechos políticos han sido lesionados tanto por ese órgano de la Cámara como por el Supremo y reivindica que la delegación sigue vigente.

Desde Bruselas, donde el grupo de Junts per Catalunya se reunió este lunes con Puigdemont, su diputado Eduard Pujol aseguró en una entrevista con TV3 que el recurso es una decisión técnica para que otras instancias jurídicas internacionales no puedan decir que no se han agotado todas las vías judiciales en España.

Fuentes de Junts per Catalunya aseguran que el presidente de la Cámara catalana, RogerTorrent, conocía la presentación del recurso. En cambio, un portavoz de la presidencia del Parlament replicó que no tenían constancia.