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La Generalitat plantea crear un órgano de control de la contratación

El Gobierno refuerza la fiscalización en los concursos públicos tras los amaños en Infraestructures

Sede de Infraestructures.cat, la antigua GISA.
Sede de Infraestructures.cat, la antigua GISA.

El Govern ha remitido al Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC) el borrador del anteproyecto de ley de Medidas Fiscales y Financiera. En ella no incluye ningún guiño fiscal a Catalunya en Comú, grupo al que necesita para aprobar los Presupuestos y con el que negocia un posible pacto. Pero el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sí plantea la posibilidad de crear una Autoridad Catalana de Contratación Pública, que se encargaría “de la supervisión de la contratación, del control de los riesgos de corrupción y de los procedimientos” en la licitación de la Generalitat, según explicaron fuentes del Departamento de Economía.

Las mismas fuentes señalaron que la posibilidad de articular esas funciones en un organismo de nuevo cuño responden a la habilitación permitida por una ley estatal. La Autoridad Catalana de Contratación Pública asumiría la coordinación de todas esas prácticas, si bien el texto incluido en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 2019 afirma que ni la Intervención General ni la Oficina Antifraude de Cataluña perderán sus funciones.

La creación de ese organismo aparece después de que Infraestructures.cat, la principal empresa de la Generalitat que adjudica obra pública, se haya visto envuelta en una investigación judicial por el amaño en la adjudicación de obras públicas, de la que presuntamente se habría beneficiado Convergència Democràtica. El que fue su director general, Javier Rosell, fue destituido después de admitir que modificaba valoraciones de ofertas para cambiar el destino de las obras que adjudicaba la compañía, aunque negó que el partido político se beneficiara de esos amaños. Desde Economía y Hacienda desvincularon el nuevo ente de la empresa Infraestructures.cat y aseguraron que, en el caso de que se cree, velará por todas las adjudicaciones en las que esté implicada la Generalitat y sus empresas.

La misma Ley de Medidas Fiscales obligará al Gobierno catalán a crear en el plazo de dos años una estrategia de contratación. En esa elaboración tendrá protagonismo la Oficina Antifraude, “en relación con aquellos objetivos que hagan referencia a su ámbito de competencias, como combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública”.

Entre las modificaciones previstas por la ley se prevén también cambios restrictivos en la adjudicación de contratos menores, cuya tramitación tiene más posibilidades de escapar del control administrativo. Y se incluye un apartado que obliga a todos los órganos de contratación pública a “tomar medidas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y resolver los conflictos de intereses que surjan en los procedimientos de contratación”.

La ley de Acompañamiento también emplazará a denunciar ante una Comisión de Ética aquellos actos que se consideren sospechosos. Las resoluciones adoptadas, en el caso de que se haya estimado alguna irregularidad, deberán ser públicas y consultables a través del Portal de Transparencia de la Administración autonómica.

Enfado de CatComú

Catalunya en Comú-Podem afeó ayer el hecho de que el Govern no le haya efectuado propuestas para intentar alcanzar un acuerdo en materia presupuestaria y avisó de que no pueden “esperar eternamente”, por lo que impulsarán, por la vía legislativa en el Parlament, iniciativas en materia fiscal.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, la portavoz parlamentaria de los comunes, Susanna Segovia, lamentó que no haya “demasiados movimientos” respecto a las cuentas de la Generalitat, sobre las que su grupo está “esperando propuestas” de la Generalitat. Ante esa inacción que los comunes reprochan, la dirigente anunció que a lo largo de esta semana tomarán la “iniciativa” en las medidas fiscales que proponen.

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