Oriol Junqueras convierte en alegato político su escrito de defensa

El texto niega que cometieran los delitos de rebelión, sedición y malversación

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva presentará un escrito de defensa por el juicio del 1-O en el que demandará su absolución por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Pero el escrito es también un alegato político en favor del referéndum y en el que acusa al Estado de haber convertido la causa “en un ejemplo de instrumentalización del proceso penal para la persecución de un movimiento que anhela un objetivo político legítimo en democracia”, según avanzó ayer TV3.

Romeva (izq.) y Junqueras, en 2015.
Romeva (izq.) y Junqueras, en 2015.Albert Garcia

Según el documento, en el proceso judicial “la presunción de inocencia ha sido destruida a través de una campaña de criminalización de los investigados y posteriormente acusados efectuadas desde instancias oficiales del poder político, judicial o de la Fiscalía”, explica el texto con el que basarán su estrategia de defensa los dos políticos secesionistas.

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, defenderá en el juicio sobre el referéndum del 1-O la absolución de quienes fueron el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Económicos, Raül Romeva, dos de los encargados de la ejecución de la consulta. Considera que no pueden ser acusados de los tres delitos que se les imputan: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La defensa reclamará también la liberación de los dos políticos, según consta en el escrito que utilizará su defensa, al considerar que, de seguir en prisión, se vulnerará su derecho a la defensa. Asimismo reclama que el juicio, aunque siga instruyéndolo el Tribunal Supremo, se traslade a Barcelona.

El escrito, según recoge TV3, afirma que ambos políticos “antes que independentistas, son demócratas y pacifistas”, por lo que descarta que pudieran incurrir en un delito de rebelión, que, a su parecer, implicaría el uso de la violencia.

De la misma forma, consideran que ambos dirigentes, responsables desde sus cargos en la Generalitat de la ejecución de la consulta, no son culpables de sedición, ya que se limitaron a ejercer “derechos fundamentales básicos”, ni tampoco de malversación, “al no existir ningún acto cometido por autoridad de sufragar de forma ilícita gastos contrarios al deber de fidelidad a la custodia de fondos públicos”.

El documento, de más de 100 páginas, carga contra diferentes estamentos del Estado por su papel durante las semanas previas y posteriores al referéndum, en el que la defensa defiende que el Gobierno catalán intentó mantener el diálogo con el Gobierno central para alcanzar un acuerdo. Junqueras y Romeva únicamente reconocen haber actuado de forma unilateral en una ocasión: cuando decidieron convocar e impulsar la consulta.

Según relata el escrito, ese referéndum se habría convertido en la excusa del Estado para crear un relato sobnre el movimiento independentista. Acusan a la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de haber aportado “una versión tergiversada que sirvió de perfecta excusa para la construcción de un relato apocalíptico” de los hechos que se produjeron el 20 de septiembre ante el Departamento de Economía y Hacienda, y que conllevaron a la encarcelación de los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart. Asimismo, respecto a la violenta represión policial que se pudo ver en los centros de votación habilitados el 1-O, el escrito asegura que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se centraron “en generar imágenes de violencia inusitadas que pudieran atemorizar los votantes e impedir su participación”.

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Van den Eynde también arremete contra el Tribunal Constitucional (TC), al que acusa de provocar una “situación inaudita”: “La criminalización del debate ya que el TC prohibía al Parlament, bajo amenaza de cometer delito, de debatir en el pleno y tramitar propuestas que tuvieran como tema el ejercicio del derecho a la autodeterminación”. Conluye que actuó como “censor”.

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Sobre la firma

Dani Cordero

Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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