Libertad con orden de alejamiento para el padre del bebé ingresado por malos tratos
El progenitor, de 21 años, deberá comparecer semanalmente ante el juez y se le ha retirado el pasaporte
El juzgado de guardia de Arenys de Mar ha acordado este sábado libertad provisional para el joven de 21 años detenido el jueves en la comarca del Maresme por presuntamente maltratar a su hijo de dos meses y le ha prohibido aproximarse a menos de 500 metros. La Generalitat ha asumido la custodia del menor.
El juez también ha decretado medidas cautelares de comparecencia semanal en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio español, según ha informado hoy en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La causa está abierta por un presunto delito de lesiones y/o malos tratos en el ámbito familiar al hijo de dos meses, que se encuentra estable dentro de la gravedad en la Unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Vall d'Hebron.
El bebé ingresó hace una semana con un hematoma en la cabeza, un brazo facturado y cinco costillas rotas, además de indicios de maltratos anteriores, según fuentes del caso citadas por Europa Press. A principios de semana los médicos empezaron a sospechar de que el niño había sufrido maltratos, e interrogaron a los padres, que negaron los hechos aduciendo que probablemente el niño se había dado "algunos golpes".
A raíz de las sospechas, el equipo médico activó el Protocolo de maltrato infantil y el padre acabó por confesar el jueves a los facultativos haber maltratado al pequeño, tras lo que fue detenido por los Mossos d'Esquadra, retirándosele la tutela del menor.
La Generalitat ha abierto una investigación para aclarar si ha habido negligencia en la atención al menor por parte de los servicios sociales municipales y en los centros en los que ha sido asistido las últimas semanas. También ha anunciado que se personará como acusación particular en el caso en defensa de los derechos del menor.
El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) ha abierto una actuación de oficio para evaluar si todas las administraciones que han podido atender al bebé presuntamente maltratado han aplicado debidamente los protocolos. También quiere averiguar si hubo posibles signos previos de maltrato que no fueron detectados.
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