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La red que alteraba el kilometraje de los coches llega a juicio diez años después

La fiscalía introduce el atenuante por dilaciones judiciales mientras los abogados de los 12 acusados intentan anular los pinchazos telefónicos

Concesionario de automóviles en Santiago.
Concesionario de automóviles en Santiago.

La Operación Trucarro que desmanteló una supuesta red de talleres donde alteraban los cuentakilómetros de coches de segunda mano en connivencia con los vendedores, llegó a juicio este jueves diez años después de que la Guardia Civil detuviera al principal implicado, el empresario de origen alemán, Johan Grimm. Con más de cuarenta implicados y unos 300 clientes afectados, el caso llega a los tribunales con tan solo doce acusados después de que el resto hayan alcanzado acuerdos de conformidad con la fiscalía tras reconocer los hechos y pagar las correspondientes indemnizaciones.

El fiscal Jorge Fernández de Aránguiz ya ha anunciado al inicio del la vista oral que se celebra en Santiago que modificará su escrito de acusación para introducir el atenuante de dilaciones indebidas con carácter general para todos los acusados. Además, ha renunciado a llamar a dos agentes de la Guardia Civil como testigos pero ha pedido al tribunal que le permita aportar nueva documentación en la causa.

Tras la intervención del fiscal, ha comenzado el turno de los abogados con la petición de nulidad de las escuchas telefónicas planteada por la defensa de Grimm. El letrado ha considerado que este medio de prueba con la que arrancó la investigación de la presunta red carece de validez legal porque partieron de otra investigación anterior. "Desde un punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo esas escuchas telefónicas son nulas y se da el efecto piramidal, si las escuchas son nulas, todo lo que viene después también lo es", ha explicado Evaristo Nogueira en declaraciones recogidas por Europa Press.

El letrado también pidió que se anule la orden de entrada y registro en la nave del empresario y principal cabecilla de la trama por parte de Guardia Civil porque no se le garantizó la libre designación de un letrado. Sobre ambas cuestiones ha pedido al tribunal de la sección sexta de la Audiencia de A Coruña que se pronuncie antes de proseguir con el juicio que también sienta en el banquillo como cooperadores necesarios a cuatro empleados de Johan Grimm y a otros siete gerentes de una veintena de talleres y concesionarios acusados de poner a la venta estos vehículos con el kilometraje alterado.

El letrado Manuel Ferreiro, defensor de uno de los empleados del principal acusado también ha incidido en que los pinchazos telefónicos provienen de otra causa anterior y no constan documentadas las autorizaciones judiciales. Ferreiro ha desvelado que su defendido no tenía conocimiento de que los concesionarios pudiesen ocultar a los clientes la alteración de los kilómetros. "De hecho, dijo, hay fotografías que prueban que mi cliente alteró el cuentakilómetros de un vehículo con su dueño delante, porque es su propietario el que se lo pide", ha afirmado.

Además de alegar la ilegalidad de las escuchas y de varios registros, en el turno de cuestiones previas otros abogados también han invocado la prescripción del delito de estafa, que en el caso de otros 19 acusados en este proceso sí ha servido de argumento para decretar el archivo.

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