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La historia del empresario que se dedicaba a trucar los cuentakilómetros de centenares de coches

El alemán Johann Grimm, presunto cerebro de una trama de concesionarios con 42 implicados, manipuló los velocímetros a más de 300 vehículos

Concesionario de automóviles en Santiago.
Concesionario de automóviles en Santiago.

Johann Grimm, un experto en electrónica, llegó de Alemania con treinta y pocos años hace casi tres décadas para instalarse con su familia en Santiago, donde abrió su propio negocio de importación de coches alemanes hasta que en 2001 fundó la empresa Truck and Car Tecnology Sistems S.L., aparentemente dedicada a la comercialización de programas e instrumentos para la automoción. El negocio despuntó rápidamente hasta que a finales de 2008, Grimm fue detenido por la Guardia Civil como el presunto cerebro de la mayor trama descubierta en España en el trucaje de cuentakilómetros en vehículos de segunda mano.

Así caía Grimm en una investigación en la que llegaron a estar en el punto de mira más de 150 concesionarios y talleres de Galicia, alguno incluso llegó a echar el cierre tras ser involucrado en la estafa. Todos ellos demandaban las habilidades del experto alemán para supuestamente rejuvenecer los vehículos usados y los llamados kilómetros cero para lo que la empresa de Johann Grimm disponía de una alta tecnología creada por él mismo y que incluso llegó a exportar a otros concesionarios fuera de Galicia.

En el escrito de acusación, se concluye que “los empleados de Grimm actuaban como sus subalternos y él tenía el poder de dirección”

No había coche ni marca que se le resistiera a Grimm. Según se detalla en la investigación, el experto alemán y acusado por la Fiscalía de Santiago, era capaz de reducir a cero kilómetros un Lexus GS con casi 3.000, o convertir un Saab con casi 100.000 en uno con el velocímetro recién estrenado. Así, hasta 305 coches fueron supuestamente manipulados por Grimm a través de su empresa, y con implicación directa de cuatro de sus operarios.

El fiscal Jorge Fernández de Aránguiz y Caño afirma en su escrito de acusación, que Grimm “prestó repetidamente a toda una serie de talleres y concesionarios dedicados a la venta de vehículos usados (situados tanto en las inmediaciones de Santiago de Compostela, como en toda Galicia, incluso fuera de ella) servicios técnicos que incluían la alteración de la indicación de los kilómetros recorridos en los salpicaderos digitales de los vehículos. De hecho, este tipo en concreto de servicio fue el que le hizo popular y demandado dentro del sector”. Y concluye que “sus empleados actuaban como sus subalternos y él tenía el poder de dirección”.

La documentación acumulada metódicamente por Grimm permitió a la Policía Judicial acusar a los responsables y operarios de veintiuna empresas, la mayoría conocidos concesionarios y talleres. En total son 42 los acusados de un delito de estafa, agravado para Grimm y sus empleados. El calendario del juicio, que iba a arrancar el pasado miércoles, ha sido alterado por la huelga de funcionarios de justicia por lo que podría retrasarse varios días.

“Una masa de engaños llevada a cabo por los vendedores de vehículos usados”, señala el Ministerio Fiscal, que incluyó múltiples registros en concesionarios de varias provincias entre 2008 y 2010. La ingente cantidad de documentación recopilada y analizada, así como el número de declaraciones de perjudicados y de tasaciones que había que llevar a cabo por los investigadores, han motivado que la instrucción del procedimiento no concluyera hasta 2016.

La Fiscalía ha solicitado para Grimm y sus presuntos cómplices, R.L.C., MJ.E.P., O.C.L. y A.Z.M., casi 37 años de prisión al pedir la misma pena por cada estafa perpetrada o cuentakilómetros trucado que para los autores directos, en este caso los vendedores de los coches afectados, que se enfrentan a condenas que oscilan entre los 6 meses a los dos años y medio de cárcel.

Además, el montante de las indemnizaciones y multas que los acusados tendrán que pagar a los compradores estafados, incluidas las costas del proceso, supera el millón de euros, aunque la fiscalía pide que sea responsable civil en el procedimiento la empresa de Grimm.

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