Más de la mitad de los 42 acusados por el trucaje de cuentakilómetros pactan con la fiscalía

La Fiscalía de A Coruña ha alcanzado acuerdos de conformidad con los responsables de 13 de los 20 establecimientos de compraventa de coches usados que en septiembre de 2016 fueron acusados de estafa por la manipulación de cuentakilómetros, en el marco de la denominada Operación Trucarro, según informa este martes la Fiscalía Superior de Galicia.

El juicio con 42 acusados no pudo empezar el pasado jueves por la huelga de funcionarios de justicia por lo que fue aplazado para este martes, aunque tampoco ha podido celebrarse. Ahora, con los pactos alcanzados con la fiscalía, la vista queda pendiente de reanudarse frente a los encausados relacionados con las siete empresas restantes y los cinco principales responsables en la causa: el empresario alemán Johann Grimm y cuatro empleados de éste en la empresa Truck and Car Tecnology Sistems, SL, como cooperadores necesarios, por dar asesoramiento técnico a los establecimientos de compraventa de coches de segunda mano a través de los cuales se alteraron supuestamente los velocímetros a más de 300.

Los acuerdos de conformidad incluyen el reconocimiento de los hechos por parte de quienes vendieron los coches y la indemnización a los clientes estafados. En algunos casos las compensaciones se ajustan a las establecidas en el escrito de calificación provisional del fiscal, mientras que en otras se corresponden con acuerdos entre las partes, según han indicado las mismas fuentes.

Desde el punto de vista de la técnica procesal, las conformidades se basan en admitir el engaño que sufrió el comprador por parte de quien le vendió el coche con el velocímetro trucado, prescindiendo del hecho de que fuera por medio del servicio técnico que supuestamente proporcionaba el presunto cerebro de la trama, Johann Grimm.

El objetivo del Ministerio Fiscal es agilizar la celebración de “un juicio de gran complejidad por el alto número de acusados, perjudicados, pruebas e informes periciales a presentar”, incide la Fiscalía Superior en un comunicado. Y añade que además se pretende el resarcimiento rápido de las víctimas y el reconocimiento de los ilícitos por parte de los responsables de las estafas.

El fiscal Jorge Fernández de Aránguiz y Caño afirma en su escrito de acusación que Johann Grimm “prestó repetidamente a toda una serie de talleres y concesionarios dedicados a la venta de vehículos usados (situados dentro y fuera de Galicia) servicios técnicos que incluían la alteración de la indicación de los kilómetros recorridos en los salpicaderos digitales de los vehículos. De hecho, este tipo en concreto de servicio fue el que le hizo popular y demandado dentro del sector”. Y concluye que “sus empleados actuaban como sus subalternos y él tenía el poder de dirección”.

Una "masa de engaños llevada a cabo por los vendedores de vehículos usados”, señala el Ministerio Fiscal, que incluyó múltiples registros en concesionarios de varias provincias entre 2008 y 2010. La ingente cantidad de documentación recopilada y analizada, así como el número de declaraciones de perjudicados y de tasaciones que debieron realizar los investigadores, han motivado que la instrucción del procedimiento no concluyera hasta 2016.