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El Parlament se instala en la parálisis y el simbolismo con solo tres leyes aprobadas

El independentismo esgrime que Cataluña está inmersa en una situación excepcional por los políticos encarcelados o huidos de la justicia

Quim Torra interviene en el Parlamento de Cataluña, el pasado día 19.
Quim Torra interviene en el Parlamento de Cataluña, el pasado día 19.

El Parlamento catalán es el reflejo de la parálisis política que vive Cataluña, con un gobierno muy pendiente de los símbolos y una Cámara casi testimonial. En los seis primeros meses de legislatura no hubo actividad parlamentaria porque no había Gobierno y desde junio hasta ahora solo se han aprobado tres modificaciones de leyes que ya existían, dos de ellas a propuesta del PSC. Por el contrario, la Cámara ha creado tres comisiones de investigación y ha aprobado resoluciones polémicas que, en algún caso, acabaron suspendidas.

Si la actividad legislativa es un indicador del funcionamiento de un Parlamento para regular los aspectos más variados de la vida de los ciudadanos, en Cataluña se van a cumplir ya tres años desde que Carles Puigdemont fuera investido presidente de la Generalitat, en enero de 2016, sin que apenas se hayan aprobado leyes de trascendencia, al margen de las relacionadas con el proceso independentista que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.

Acuerdos con poco recorrido legal

La escasa actividad legislativa del Parlament contrasta con la incesante aprobación de mociones o resoluciones sin otro efecto que el simbolismo político y que han tenido escaso recorrido legal. Así, el pasado 5 de julio, la Cámara aprobó una moción en la que reafirma “los objetivos políticos” de la resolución del 9 de noviembre de 2015 para “avanzar hacia la independencia de Cataluña”. Aquella decisión ya fue anulada en su día y lo mismo sucedió con el segundo intento, suspendido por el Tribunal Constitucional el pasado 17 de julio.

El Parlament aprobó el 11 de octubre otra moción en la que abogaba por “abolir” la monarquía y censuraba al Rey por el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después de la celebración del referéndum de independencia que había anulado el Tribunal Constitucional. El Gobierno acabó impugnando esa decisión, en contra del criterio del Consejo de Estado, pero no reclamó su suspensión al amparo del artículo 161.2 de la Constitución, que se suele invocar en estos casos. De ahí que que el acuerdo siga vigente a la espera de que los magistrados entren en el fondo de la cuestión y dicten sentencia.

El independentismo esgrime que Cataluña está inmersa en una situación excepcional por los políticos encarcelados o huidos de la justicia y que en esas condiciones también se hace muy difícil que el Parlament funcione con normalidad. Sin embargo, lo cierto es que la pretensión de la mayoría secesionista de investir a tres presidentes antes que a Quim Torra mantuvo paralizada la Cámara medio año y cuando se formó Gobierno siguieron las disputas internas entre Junts per Catalunya y Esquerra sobre la forma de sustituir a los diputados que habían sido suspendidos por la justicia.
Un año después de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, el Parlament solo ha aprobado tres modificaciones de leyes ya en vigor, dos de ellas, a iniciativa del grupo parlamentario socialista. Una sirvió para demorar la entrada en vigor del plazo previsto para exigir el conocimiento de inglés a los universitarios catalanes y otra para que las mujeres víctimas de violencia machista ingresadas en casas de acogida se pudieran beneficiar de la renta garantizada de ciudadanía.

La tercera modificación, aprobada el pasado 8 de mayo y es el reflejo de la estrategia simbólica del independentismo y sirvió para cambiar la ley de 2008 de la Presidencia de la Generalitat. La pretensión no era otra que permitir que Carles Puigdemont pudiera ser investido de manera telemática algún día. La mayoría independentista desoyó los informes de los letrados y continuó adelante con la modificación. El Gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Tribunal Constitucional y fue suspendida días después.

Eva Granados, portavoz parlamentaria del PSC, asegura que “el independentismo ha de decidir si quiere seguir instalado en las soflamas emocionales o acepta de una vez la vía del diálogo institucional”. Pese a la mínima actividad parlamentaria, la diputada socialista insiste en que, “por lo menos en esta legislatura no se está incumpliendo ninguna ley como pasó en la anterior, ni se ha vuelto a la desobediencia de hace un año”.

A la espera del juicio y la sentencia por el procés que dicte el Tribunal Supremo, nada hace pensar que la situación se pueda reconducir en los próximos meses a la vista de la aritmética parlamentaria. La CUP anunció al inicio de la legislatura que pasaba a la oposición y dejó al independentismo sin la mayoría absoluta y con solo 66 diputados de un total de 135. Sin embargo, la situación de precariedad se agravó el pasado mes de julio después por las disputas entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre la sustitución de los diputados suspendidos por el juez del Supremo Pablo Llarena.

Cinco votos menos

La consecuencia de todo ello es que cinco parlamentarios secesionistas no pueden votar, con lo que el independentismo suma 61 escaños. Eso deja a ambos grupos en minoría en la Cámara y en un empate numérico en caso de que se sumen los cuatro de la CUP. Ante este panorama, no podrá prosperar ningún proyecto de ley si no se pacta previamente con algún grupo de la oposición. Los comunes se presentan como el socio preferido.

Frente a esa actividad legislativa mínima, el Parlament sí que ha aprobado en este tiempo tres comisiones de investigación: la del proyecto Castor, la de los atentados del 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils y otra sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A esta última no acudieron nunca los diputados de Ciudadanos y del PP, mientras que los del PSC se acabaron marchando cuando se negaron todas las comparecencias que propusieron.

También esperan su turno otras dos comisiones de investigación que volverán a reabrir la polémica. Una sobre la monarquía española que pretende investigar las actividades del Rey emérito y demás miembros de la familia real, y otra sobre los derechos civiles y políticos. Esta última fue propuesta por el propio presidente del Parlament, Roger Torrent, a mediados de junio, pero desde entonces nunca más se ha vuelto a saber de ella. La de la monarquía fue anunciada también hace un mes, y, al igual que la otra, no se ha llevado hasta ahora al pleno para su creación.

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