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El gurú de los Miguelianos invoca a Dios en su alegato ante el tribunal que lo juzga por 20 delitos

El fiscal recrimina a la Iglesia católica su “actitud pasiva" al no reaccionar en 2006 a la primera denuncia

Miguel Rosendo, conducido por un policía al juicio en la Audiencia de Pontevedra.
Miguel Rosendo, conducido por un policía al juicio en la Audiencia de Pontevedra.

Después de 31 sesiones, el juicio contra Miguel Rosendo, el fundador de la Orden y Mandato San Miguel Árcangel conocida como de los Miguelianos, ha quedado visto para sentencia. Tras escuchar los demoledores informes finales de las acusaciones que solicitan para él una condena de hasta 82 años de prisión, Rosendo ha ejercido su derecho a pronunciar su última proclama ante el tribunal, invocando el espíritu cristiano de su congregación.

En su breve alocución, el acusado ha recordado a los que le han seguido hasta el final y le han defendido en el juicio pero también a los que han querido olvidarse de él. “No quiero olvidar a nadie y ojalá que Dios me permita conservar la cabeza limpia como ahora y acordarme de ellos como me acuerdo en este momento. Nunca quise que su libertad fuera rota pese a los testimonios que aquí he escuchado”.

El alegato de este curandero de casi 60 años que está a punto de cumplir cuatro en prisión preventiva por este causa, por lo que podría salir en libertad antes de la sentencia si esta se demora, cerró la última sesión del juicio que duró casi diez horas para que las partes pudieran exponer sus conclusiones. Rosendo ha añadido que "las mentiras" le "hacen daño", refiriéndose a los testigos que han declarado contra él, y ha terminado diciendo que “como bautizado nunca ha desobedecido ningún mandato de la Iglesia".

Horas antes, el fiscal Juan Pablo Martínez, que se ratificó en su petición de 66 años de cárcel para el acusado, considera probados los delitos de agresión y abusos sexuales, así como los asociación ilícita, y no ha dudado en calificar de “secta” el funcionamiento y la estructura de la Orden. “Nada se hacía sin su consentimiento” y “Rosendo era la figura imprescindible”, afirmó el fiscal que al referirse a los congregados subrayó “las limitaciones de su capacidad intelectual” basándose en la evaluación psicológica de los peritos.

En un contexto de “sugestión” de los miembros de los Miguelianos y “su falta de capacidad crítica”, el fiscal ha sido contundente: “No podemos mirar para otro lado”, tras relatar episodios sobre las técnicas de persuasión coercitiva que empleaba Rosendo, que recurría a las "humillaciones", "insultos" y "agresiones físicas” para imponer su liderazgo. Incluso llegó a describir situaciones de "esclavitud".

También el fiscal cree que la Iglesia es responsable civil subsidiario en el caso, concretamente el Obispado de Tui-Vigo, que amparó la constitución y funcionamiento de la Orden. “Tuvo una actitud pasiva" al no reaccionar en 2006 a la denuncia que la madre de un miembro de la Orden puso en conocimiento del obispo Luis Quinteiro Fiuza sobre los comportamientos erráticos del grupo.

Para la abogada de la acusación, Ana Reguera, que representa a familiares y exmiembros de la orden, Rosendo se "apropió de las mentes de los miembros del grupo a través del engaño espiritual" y de episodios continuados que calificó de “fantasmagóricos" sin que las presuntas víctimas se cuestionaran nada. “Su conducta fue criminal al coaccionarlos mediante la persuasión coercitiva para cometer actos monstruosos”, sentenció. Pide para el acusado 82 años de prisión al considerarlo autor de una veintena de delitos como agresión sexual continuada, coacciones, lesiones psíquicas, contra la integridad moral, estafa o subsidiariamente de apropiación indebida y contra los derechos de los trabajadores.

Al igual que el fiscal, la letrada cree que quedó probada la credibilidad y veracidad de los testimonios de abusos y agresión sexual por parte de los peritos de la Guardia Civil que evaluaron psiquiátricamente a los Miguelianos y ha destacado que el "auténtico infierno" vivido por estas consagradas "exige una durísima respuesta penal", informa Europa Press.

Carlos García Montes, el abogado de Miguel Rosendo, ha asegurado que su defendido "no quiere venganza" ni alberga "deseos de perjudicar a nadie", y ha pedido al tribunal que lo deje en libertad a escasas dos semanas de que se cumpla el límite de cuatro años de la prisión preventiva. “Él solo quiere "su libertad y justicia", ha incidido el letrado en su informe final en el que ha desacreditado por contradictorias las declaraciones de los testigos de cargo y ha calificado de “relato abstracto” el dictamen de las acusaciones. “Este juicio ha sido casi la involución de la presunción de inocencia, prácticamente tenemos que hablar de presunto culpable", ha afirmado García Montes, que además ha criticado la "dilación indebida" de esta causa.

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