Las protestas por los recortes cercan a Torra tras seis años de ‘procés’

El jueves será uno de los días más difíciles para el Ejecutivo catalán que encabeza Quim Torra. Ese día coinciden las protestas de los funcionarios, del sector educativo, de la sanidad pública y de los estudiantes bajo una misma pancarta: revertir los recortes sociales aplicados en 2011 por el Govern de Artur Mas. Tras seis años en que las manifestaciones por el procés han monopolizado las calles, el descontento social emerge con fuerza y le estalla en la cara a Junts per Catalunya y a Esquerra, los socios de Gobierno, perdidos en el laberinto de acompasar la gestión del día a día con sus promesas de constituir una república.

“Estamos preocupadísimos. Se equivoca de Govern si cree que asistimos impasibles a estas reclamaciones de los trabajadores de Cataluña”, le respondió Torra, el pasado martes, a la líder de los comunes Jessica Albiach durante la sesión de control en el Parlament. El Ejecutivo, explican fuentes de Palau, mantiene las negociaciones con todas las partes, si bien dan por descontado que habrá huelgas.

El Govern, sostienen esas mismas voces, atribuye a tres factores que todas esas reivindicaciones coincidan. Por un lado, no dudan en que aún se arrastran las consecuencias de los recortes de la era Mas, si bien defienden su ejecución como manera de salvar las finanzas catalanas en su momento. Entre 2009 y 2015, la Generalitat recortó un 31% del gasto sanitario, unos 5.000 millones de euros según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. CiU se encontró con más de 8.352 millones de déficit cuando regresó al Govern.

También desde Palau comparten el diagnóstico hecho por los sindicatos y entienden que, ante el cambio en el ciclo económico, se quiera recuperar lo perdido en los años de la crisis. Finalmente, recuerdan que en 2019 habrá elecciones sindicales en Cataluña y por tanto también ven una necesidad de sobreactuación.

Hasta el momento, el mandato de Torra ha sido plácido en lo que a gestión se refiere. El president siempre insiste en que su bandera es poner “al ser humano en el centro”, pero su foco ha estado en la situación de los políticos en prisión preventiva. Por ejemplo, logró pasar de perfil ante la huelga de taxis de verano y no le ha pasado factura que la situación de los menores no acompañados —en la mesa desde 2016— desborde a Asuntos Sociales.

El pasado miércoles, en el Parlament, Torra repitió el argumentario que el independentismo ha blandido siempre para responder sobre las carencias sociales y laborales: solo una república permitirá tener los recursos para pagarlo todo. “Las políticas sociales son el motor del cambio republicano”, recordó. La gestión del “mientras tanto”, sin embargo, empieza a mostrar sus costuras.

“Es el momento de pasar a la ofensiva para reclamar la parte que nos corresponde dentro de la recuperación económica”, insiste Javier Pacheco, secretario general de CC OO. Los sindicatos mayoritarios —que no han convocado la huelga del jueves pero sí otro paro en diciembre—, entienden que una parte de sus afiliados y de sus energías han estado focalizados en acompañar al independentismo. Las reivindicaciones laborales, dicen, no han estado ausentes, pero ahora ven espacio para el debate público.

Una muestra de ello es el abono de las pagas extra de 2013 y 2014, que aún se adeuda a los funcionarios catalanes. Son los únicos del Estado que no las han recuperado. Pese a que hay varios pactos con la Generalitat y mociones del Parlament que instan a hacerlo efectivo, el Govern propone un pago prorrateado hasta 2026 de los 1.200 millones pendientes. El motivo del impago son las condiciones impuestas por Hacienda, alega Vicepresidencia, que ya ha pedido suavizarlas.

Los medicos de atención primaria, por su parte, no iban a la huelga hace una década. Metges de Catalunya ha convocado protestas desde mañana hasta el viernes. Los médicos denuncian una insoportable presión asistencial y la precarización de la atención primaria. También calculan que han perdido el 30% del poder adquisitivo. Unas demandas que Vicepresidencia mira con cuidado para cuadrar un proyecto de Presupuestos que, por ahora, tiene a los comunes como socio preferente.