El despliegue de la fibra óptica se atasca en 800 municipios catalanes

A falta de avances sobre la instauración de la república catalana, erigir una “nación digital” antes de 2023 es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Quim Torra. El president y sus consejeros la condicionan a la extensión de la banda ancha a todos los rincones de cada comarca, y reafirman el compromiso del Govern de desplegar, antes de cinco años, una completa red de fibra óptica que alcance incluso a los pueblos de menos de 100 vecinos. Sin embargo, el tiempo corre en su contra y de los 947 municipios catalanes, actualmente solo 141 están conectados.

El consejero de políticas digitales y administración pública, Jordi Puigneró, está realizando en los últimos meses una gira de visitas a ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales. En cada caso repite un mismo mensaje: todas las capitales de comarca estarán conectadas por fibra óptica en 2020 y todos los pueblos de más de 50 habitantes tendrán instalado el servicio en 2023. En Cataluña hay 947 municipios y son una pequeña minoría los que no suman medio centenar de habitantes. Según la clasificación de los micropueblos catalanes, entre los diez más pequeños, solo seis no llegan a los 50 vecinos. El compromiso adquirido pone en un aprieto al Govern porque la red de fibra óptica de la Generalitat es, a día de hoy, exigua. Solo alcanza a 141 municipios. Fuentes de la consejería afirman que hay algunos despliegues que avanzan a buen ritmo y que, en breve, ya serán 200 los núcleos conectados.

En las capitales, los deberes están sensiblemente más avanzados: hay 29 que están enchufadas a la fibra y existen proyectos avanzados en Les Borges Blanques, Solsona, Sort, El Vendrell y Banyoles. Según el calendario fijado, en poco más de un año se debería conectar a Gandesa, Falset, Moià, Montblanc, El Pont de Suert, Puigcerdà, Valls y Vielha.

Hay operadoras privadas que han instalado su propia red de fibra óptica en varios pueblos y ciudades pero esta infraestructura no computa para los planes de la Generalitat, que solo mide los kilómetros de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Una red propia, pública y neutral es la única manera de asegurar la igualdad de acceso al servicio, se alega desde Políticas Digitales. La Generalitat defiende que la Xarxa Oberta impide que la red de fibra óptica sea coto privado de ningún operador de telecomunicaciones. La XOC, definida por la Generalitat como “un proyecto de país”, la gestiona Cellnex, del grupo Abertis, tras comprársela a Mediapro por 34 millones de euros.

La ronda del consejero Puigneró por diputaciones y consejos comarcales no pretende solo difundir las buenas intenciones del gobierno. El despliegue de la fibra tiene un coste económico y el consejero es el encargado de buscar alianzas entre administraciones para rebajar la factura de la Generalitat. En Lleida, donde Puigneró firmó un pacto con Joan Reñé, presidente de la Diputación hasta ser detenido por un delito de corrupción, es necesario tender 1.500 kilómetros de cable nuevo. La Generalitat llevaba gastados 15 millones de euros con los que ha cubierto 500 kilómetros.

El compromiso de la Generalitat implica prestar conectividad de banda ancha a los municipios antes de 2023, lo que supone garantizar una conexión de al menos 20 megas. Una velocidad utópica, ahora, para muchos municipios, sobretodo del ámbito rural. Oriol Baños regenta Rústic Vilella, una casa rural para quince personas en Gisclareny (Berguedà). “Si necesitas internet para mandar un correo, te vale, pero la conexión a menudo va muy lenta”, dice. Se considera afortunado por tener acceso a una velocidad de 12 megas, algo excepcional en la zona.

Penurias de conexión

Su vecino, Enric Franch, dueño del restaurante Cal Miseria, lo tiene peor. En su negocio la cobertura es pésima y tiene contratado un paquete de acceso a internet que restringe su uso a 10 gigas al mes. “Cuando los clientes me piden la contraseña del wifi, les tengo que decir que no porque si los niños se ponen a mirar la tablet, se pulen la conexión”, apunta. Su restaurante no tiene página web, “a nosotros se nos conoce por el boca-oreja”, ni tampoco puede aceptar pagos con tarjeta porque la poca cobertura inhabilita el datáfono. Si algún cliente no lleva dinero en el bolsillo, Enric le facilita un número de cuenta para que, cuando pueda, le haga una transferencia. “En veinte años solo me ha fallado una pareja, la gente es agradecida y cumple”, celebra. Ferran Puig es el presidente de Concatur, la confederación catalana de agroturismo y turismo rural. Refiere que, junto con los reproches por los intrincados accesos, las quejas por una buena conexión a internet son una demanda recurrente: “Y eso que la clientela del turismo rural supuestamente viene a descansar y desconectar”.