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OPINIÓN i

Barcelona, narcopisos y ‘top manta’

El aumento de la delincuencia de baja intensidad empuja a simplificar la ecuación de aquellos que pretenden sacar réditos de connivencias materialmente indemostrables pero electoralmente rentables

Detenido en la operación contra los narcopisos, el 29 de octubre.
Detenido en la operación contra los narcopisos, el 29 de octubre.

Cuando las elecciones asoman, la demagogia se enseñorea de la política. Barcelona es un buen ejemplo de ello. Que sea visitada anualmente por 14,5 millones de turistas, más de nueve veces su población, es una ventana de oportunidad para negocios como el top manta o la prostitución callejera. El hecho de que la ciudad sea uno de los grandes hubs europeos de la droga facilita la existencia de narcopisos, gracias al parque de viviendas vacías en Ciutat Vella. El crecimiento en un 19% de la delincuencia de baja intensidad —básicamente hurtos— empuja a simplificar la ecuación de aquellos que están dispuestos a sacar réditos de connivencias materialmente indemostrables pero electoralmente rentables.

Durante la campaña que llevó a CiU a la alcaldía en 2011, Xavier Trias no tenía empacho en afirmar que Barcelona iba camino de ser “la capital de la prostitución, las mafias, las drogas y el botellón”. El socialista Jordi Hereu, antecesor del convergente, estaba políticamente tocado en las encuestas, y unas fotografías de prostitutas ejerciendo bajo los porches del mercado de La Boqueria, en 2009 no le facilitaron la reelección. Dos años después, en 2011, las escenas de sexo de pago se repetían en la calle de Petritxol ya con Trias. Solo habían cambiado el alcalde y la ubicación. Convergència había llegado al poder prometiendo poner fin a la prostitución y el top manta. La primera sigue ahí, el segundo, también. Ahora, con la proximidad electoral, la venta callejera ilegal ha servido para reprobar a Ada Colau. Toda la oposición, salvo la CUP, unió sus votos el pasado 8 de agosto para castigar al equipo de gobierno por un asunto en el que los actuales censores han fracasado en el pasado.

Las soluciones fáciles solo existen en campaña electoral. En 2007, la Guardia Urbana interpuso 32.913 denuncias por venta ambulante. En 2009, eran ya 54.020 y en 2012, 69.974. Con el mandato de Trias, en 2014, se llegó a 75.237 denuncias, cifra que solo fue superada por las 79.255 multas de 2016. La impresión ciudadana es que el top manta ha crecido. También ha aumentado la sensación de inseguridad en Barcelona. La encuesta de victimización de 2018 coloca el índice en un 25,6%. Especialmente alarmante se manifiesta en Ciutat Vella, donde llega al 36,6%, diez puntos porcentuales más que en 2017, también con Colau en la alcaldía. Un análisis histórico permite observar que ese 25,6% altísimo de este año ya se había alcanzado en Barcelona bajo el mandato de Jordi Hereu en 2009 y que en 2011 se superó el 30% de índice de victimización en Ciutat Vella.

A la sensación de inseguridad ciudadana contribuyen los narcopisos de Ciutat Vella, otra de las cabezas de esa Hidra de Lerna, que, según la oposición, parece haber venido de la mano de los Comunes, aunque la alcaldesa no se canse de pedir 1.500 mossos más para Barcelona. Antonio Franco se refería a la reciente operación contra estos centros de venta de droga en Ciutat Vella y escribía el pasado día 1 de noviembre en El Periódico: “Ada Colau no torpedeó la operación, ni se adelantó para avisar puerta por puerta de que iban a llegar agentes, ni zancadilleó los registros y las detenciones. En realidad hizo lo contrario, agradeció públicamente la operación [a la policía catalana], aunque lamentase que se hubiese tardado tanto en hacer”. A veces, es fácil olvidar que las operaciones policiales siguen precisando una orden judicial. Por lo menos en un Estado de derecho.

Todo vale cuando soplan vientos electorales. El pasado 25 de octubre el PDeCAT repartió gratuitamente por metros y establecimientos comerciales de Barcelona la revista El Run Run. La publicación de los ex convergentes abundaba en el incivismo propiciado por “un gobierno amigo de los okupas”. Quedaba en el olvido ese trato paterno-filial dispensado por el equipo de Trias a los inquilinos del Banco Expropiado de Gràcia. Los convergentes se comprometieron a pagar a los okupas el alquiler, el IBI, la tasa de basuras e incluso las derramas de la comunidad de vecinos.

Cuando las elecciones se acercan, sin duda, hay temas recurrentes de dividendo fácil. Manuel Valls ha asegurado que su prioridad, si logra la alcaldía de Barcelona, será la lucha contra lo que “representa Ada Colau: narcopisos y el top manta”. Una ecuación tan simple como reducir la actuación de Valls en el Gobierno francés a la reforma laboral o a la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros.

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