El PP judicializa la política de movilidad de Carmena
A la demanda del grupo municipal popular contra la ordenanza de movilidad se suma la amenaza de Garrido de llevar ante la justicia Madrid Central y del alcalde de Alcorcón sobre los semáforos de la A-5
El PP apuesta por la vía judicial contra las políticas de movilidad del Ayuntamiento de Manuela Carmena. El 22 de noviembre el grupo popular puso una demanda contra la Ordenanza de Movilidad, en la que se enmarca Madrid Central. Este miércoles, el presidente regional, Ángel Garrido, envió un ultimátum a la alcaldesa antes de acudir a los tribunales el próximo lunes para denunciar el área de tráfico reducido. Este viernes, el alcalde de Alcorcón manifestó su intención de llevar a la justicia los semáforos de la A-5, aunque no aclaró cómo.
Quien gane la batalla por Madrid Central, el área de tráfico reducido en el centro de Madrid que entra en vigor el próximo 30 de noviembre, se lleva un buen tanto para las elecciones municipales de mayo de 2019. En el pulso contra la medida estrella de Ahora Madrid de la legislatura, el PP ha decidido recurrir a todas las vías a su alcance, incluida la judicial.
“La judicialización de la política es una práctica que ha llevado el PP desde el principio contra este Ayuntamiento”, recuerdan fuentes municipales. “Es una praxis que hemos denunciado en muchas ocasiones porque no es positiva para la democracia, para la justicia y desde luego no lo es para la ciudadanía, que lo que quiere son soluciones y diálogo entre las instituciones”, añaden.
Está previsto que la semana que viene el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuncie si paraliza o no, como solicita el PP, la entrada en vigor de Madrid Central. Aunque esta medida cautelar de la demanda contra la ordenanza de movilidad no salga adelante, la jugada está hecha. El fallo sobre el fondo —si la ordenanza incumple la ley por supuestamente no ir acompañada de memoria económica o informe de viabilidad— podría no llegar tampoco antes de las elecciones, pero la sombra del pleito rondará la campaña.
Sobre el Ayuntamiento pende además la amenaza de otra demanda judicial. Si el próximo lunes, 12 de noviembre, el Ayuntamiento no ha remitido los expedientes sobre Madrid Central que demanda el presidente de la Comunidad, acudirá también al TSJM. “Estamos tranquilos pero sorprendidos”, señalan fuentes municipales, que recuerdan a Garrido “el consenso internacional y médico”, en la lucha contra la contaminación.
David Pérez, alcalde de Alcorcón, quiere unirse también a la lista de litigantes populares. En un acto de protesta ayer por la instalación de semáforos en el tramo urbano de la A-5, manifestó su intención de llevar la medida a los tribunales. El alcalde, que en 2016 denunció el protocolo anticontaminación, reconoció que deberá estudiar si puede ampliar esa causa o si presenta una demanda y ante qué instancia.
Pérez y otros alcaldes de municipios de distintos partidos del sur como Navalcarnero, Boadilla del Monte y Arroyomolinos, contemplan también poner una queja ante el Defensor del Pueblo. Consideran que los semáforos actuarán como una “frontera” y que los atascos crecerán exponencialmente.
Ciudadanos rechaza unirse a la estrategia judicial, aunque su portavoz, Begoña Villacís, dice que “comprende que denuncie”. Al PP les viene bien esa distancia. “Visibiliza que nosotros somos coherentes y vamos hasta el final si consideramos que una medida es ilegal”, aseguran fuentes del PP municipal.
Purificación Causapié, portavoz socialista, considera que el PP “está haciendo un uso excesivo de la justica para aumentar la crispación sobre discusiones que son políticas”.
