El PP exige conocer el coste de Madrid Central en su recurso ante la Justicia

El grupo municipal popular presentó el pasado 22 de octubre un recurso contencioso administrativo para anular la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en la que se enmarca Madrid Central, el área de tráfico restringido que entra en vigor el 30 de noviembre. En el texto que registró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el grupo que encabeza José Luis Martínez Almeida pide como medida cautelar la paralización de la ordenanza y señala la "gravedad" que supone aprobar la normativa sin memoria económica o informe de viabilidad. Fuentes del tribunal consideran que la respuesta a su demanda no llegará hasta después del puente del 1 de noviembre, informa Aurora Intxausti.

"La Ordenanza de Movilidad Sostenible incorpora una memoria de análisis normativo donde se desarolla el impacto en diversos ámbitos, también el económico" aseguran fuentes del Área de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento. "Se realizó según la normativa aplicable", añaden.

El PP subraya que la puesta en marcha de las medidas contempladas en la ordenanza, en vigor desde el pasado 24 de octubre, requiere "la implantación de nuevos dispositivos tecnológicos o procedimientos sistemáticos de control de detección de infracciones", como cámaras y radares, y "la colocación de una nueva señalización tanto vertical como horizontal". En los aparcamientos municipales también está previsto que se instalen sistemas informáticos para informar en tiempo real sobre la ocupación de plazas. Los populares consideran que estas medidas supondrán "un importante esfuerzo económico".

En el recurso, el PP municipal cita las memorias de impacto normativo del Ayuntamiento, en las que se menciona que el despliegue de la ordenanza "no supone gasto alguno directamente" pero "exige gastos públicos tanto en materia de personal (Policía Municipal, Agentes de Movilidad, técnicos municipales en materias tan diversas como la planificación viaria y del transporte, del Centro de gestión de la Movilidad, entre otros colectivos del personal municipal); como en recursos materiales (semáforos, señalización, balizamiento, radares, foto-rojos, espiras, cámaras, entre otros); tecnológicos (IAM y contratas externas como medios del CGM) y de servicios (contratas del SER y sus controladores y parquímetros, personal de las contratas externas de tecnologías del tráfico, entre otros)”.

El partido de Almeida considera "imprescindible realizar una memoria económica" y denuncia "la gravedad" que supone aprobar la ordenanza sin la misma. Es necesario, argumenta, para acreditar "la legalidad" y aportar la "seguridad jurídica necesaria en las cuentas" del Ayuntamiento.

El texto menciona un acuerdo de la Junta de Gobierno de septiembre en el que se autoriza un contrato para un sistema de paneles de mensaje variable en las entradas a Madrid Central, con un gasto plurianual de 1.625.005. Para ellos, este ejemplo "pone de relieve la ingente cantidad de dinero público y presupuesto" que se va a destinar a la ordenanza.

La concejal del Área de Movilidad, Inés Sabanés, aseguró en entrevista con este diario que el recurso "no tiene viabilidad". "Se está elevando el nivel de tensión poniendo en riesgo los elementos básicos que sustentan esa ordenanza, que son la lucha contra la contaminación y la mejora del espacio público de la ciudad", añadió.