Condenados 17 de los 28 miembros del Clan Capirote

La Audiencia de Girona ha condenado a 17 de los 28 miembros del grupo conocido como Clan Capirote, vinculado a la familia Cortés, afincada en el Alt Empordà. Fueron detenidos en febrero de 2017 en un macrooperativo de los Mossos d’Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera y juzgados el pasado abril por haberse convertido en una “multinacional” de la marihuana y haber blanqueado casi 3 millones de euros en seis años. Los principales cabecillas Juan Cortés Heredia, Dientes, y su padre, Indalecio Cortés Juaneque, han sido condenado a 6 años, 7 meses y 15 días y 6 años y 1 mes de cárcel respectivamente, y a pagar cada uno 166.203 euros. Otro supuesto cabecilla, Juan C.S., Popeye, hermano del anterior, ha sido absuelto tras declararse nulas las escuchas telefónicas. La Audiencia también ha decomisado tres casas a Indalecio Cortés.

El fiscal les acusó de delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales, incendio en bienes propios, simulación de delito y estafa (por intentar estafar a la aseguradora quemando un coche) y para los cabecillas pidió penas de entre 17 y 19 años. La sentencia de la sección cuarta, de la que ha sido ponente el magistrado Víctor Correas, finalmente les condena por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico, y les absuelve a todos del delito de blanqueo de capitales porque considera que no quedó probado.

El tribunal considera que nueve de ellos integraban un grupo criminal jerarquizado dedicado al cultivo y tráfico de marihuana y contaban con colaboradores que vigilaban las plantaciones y ayudaban a pinchar la luz de la red pública. Según la resolución, Juan Cortés y su padre Indalecio eran los responsables del clan familiar y daban las instrucciones para la producción de marihuana, facilitaban los medios para su cultivo y cosecha y móviles para comunicarse. Los que vigilaban las plantaciones tenían, a pesar que carecían de licencia, armas de fuego para usar contra quien les quisieran sustraer marihuana o dinero. Además eran los que retribuían a sus subordinados por su labor y les facilitaban asistencia letrada en caso de ser descubiertos.

También han sido condenados otros 15 miembros del clan a penas de entre 6 meses y 5 años y 9 meses de cárcel. Los 11 restantes han sido absueltos, 8 de ellos porqué su imputación se había hecho gracias a las escuchas telefónicas a Juan C.S, otro de los que la policía considera uno de los cabecillas, que han sido declaradas nulas por “vulneración de los derechos fundamentales” ya que “no había razones objetivas ni justificadas” para hacerlas.