Torra dice que el diálogo sigue pese a la “pérdida de crédito”
El presidente de la Generalitat cree que es imposible apoyar los Presupuestos, algo que secundan ERC y el PDeCAT
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acariciado este viernes el botón nuclear del ultimátum que había lanzado contra el Gobierno del PSOE. “Pedí a Sánchez que en 30 días planteara una oferta, un referéndum acordado y vinculante. Hoy tenemos la respuesta del Estado: más de 200 años de cárcel. Presidente Sánchez, el pueblo de Cataluña le retiramos el apoyo y no votaremos los Presupuestos”, dijo Torra desde la prisión de Lledoners, en el municipio barcelonés de Sant Joan de Vilatorrada. Y avisó: “No pararemos hasta que los presos sean libres, los exiliados regresen a casa y acabe la represión”.
“Siempre seguiremos con la bandera del diálogo pero no votaremos nunca estos Presupuestos”, advirtió Torra en su intervención en el acto de homenaje del aniversario del envío a prisión preventiva de Oriol Junqueras y Quim Forn. Antes, en la mañana y tras conocerse los escritos de acusación, Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent, comparecieron de manera conjunta en la Cámara, rodeados de diputados independentistas. “Que la Abogacía del Estado acuse de sedición en lugar de rebelión no es un gesto, es un menosprecio absoluto a los demócratas encarcelados”, criticó Torra.
El líder in pectore de ERC, Pere Aragonès, ve en la divergencia de criterio de ambas entidades —la fiscalía se quedó sola pidiendo penas por rebelión mientras que la Abogacía incluyó la sedición— “un cambio de gradación, pero no un cambio en el contenido material de la acusación”. Tanto los republicanos como en el PDeCAT, con diferentes matices, esperaban que el Gobierno finalmente influyera en el criterio de la Fiscalía para modularlas acusaciones de rebelión.
Para ello se aferraban a la literalidad del artículo octavo del Estatuto de la Fiscalía, que establece que el Ejecutivo “podrá interesar” al fiscal general a que promueva ante los tribunales “las actuaciones pertinentes en orden de la defensa del interés público”. La determinación de lo que es el interés público, recordaban, caía sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, para Torra, el presidente del Gobierno es ahora un “cómplice de la represión” porque “ha decidido no actuar”. Y Torra lamentó: “Sánchez ha perdido una oportunidad de oro de sacar de los tribunales el conflicto catalán y volverlo a la política”.
Catalunya en Comú dice que hay gesto; los socialistas, no
Para Catalunya en Comú-Podem la divergencia de criterio entre la fiscalía y la Abogacía del Estado sí es un gesto hacia los presos. Así lo aseguró la diputada en el Congreso, Lucía Martín, en el Parlament. “Hemos estado trabajando de manera discreta para conseguir movimientos que pudieran facilit ar que hoy hubiéramos visto unos escritos más favorables”, aseguró Martín. “No hemos conseguido lo que queríamos, nos parecen insuficientes, pero es un hecho que la Abogacía del Estado se ha desmarcado de la fiscalía”, añadió. Con todo, los comunes insisten en que no hubo ningún delito y creen que los políticos presos deben estar en libertad.
El PSC, por su parte, negó la existencia de ese guiño. La portavoz Eva Granados pidió tanto a los independentistas como al PP y Ciudadanos que “dejen de ver fantasmas” e insistió en que “no se está juzgando ni una ideología ni una opción política”. Granados declinó valorar si las penas eran muy altas, como critican otras formaciones.
Junts per Catalunya, el grupo parlamentario en el que está refundido el PDeCAT, incluso considera que la nueva situación judicial, donde la suma de las penas ronda los 200 años, es más grave. La diputada Gemma Geis recordó que, bajo el Gobierno del PP, la acusación de la Abogacía del Estado se limitaba a la malversación y ahora añade sedición. “Ningún gesto, sino al contrario”, consideró Geis.
“Lamentablemente Sánchez no ha cambiado la línea represiva de Mariano Rajoy. A no gesto ni movimiento del Gobierno, imposible gesto ni movimiento por nuestra parte”, explicó Aragonès, en referencia a un posible apoyo a las cuentas, en cuyo trámite son indispensables los votos de todas las formaciones nacionalistas en el Congreso.
En una línea similar se expresaron los neoconvergentes. A través de un comunicado aseguraron que “con el acoso judicial al movimiento independentista será imposible mantener algún tipo de colaboración con el Gobierno español”. Su líder, David Bonvehí, fue aún más duro y consideró que ante la petición de penas no queda otro camino que “un no rotundo” a negociar las cuentas. “Pensábamos que Sánchez era diferente de Rajoy y propiciamos un cambio de Gobierno. Ahora que se arreglen con sus Presupuestos”, sugirió.
Penas de venganza
El independentismo también coincide en ver las peticiones de pena como una “venganza” hacia el movimiento secesionista y consideran que se basan en “una farsa” creada para hacer ver una violencia “ inexistente”. “¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión desaparecerán los dos millones de personas que quieren la república catalana?”, se preguntó Torra. “No pararemos hasta que los presos sean libres, los exiliados regresen a casa y se acabe la represión contra todos aquellos que ayudaron a dar la voz al pueblo”, dijo el president.
En el acto de la cárcel de Lledoners, en el que participaron miles de personas, se leyeron varias cartas tanto de los presos como de los huidos de la justicia española en otros países europeos. El expresident Carles Puigdemont le dijo a los presos en medio de gritos pidiendo abrir las cárceles: “Vuestro sacrificio no será en vano, será el precio de la libertad colectiva. Ha llegado la hora de pasar de la indignación a la acción”. La misiva de Junqueras decía: “La prisión es imprescindible para avanzar, es útil porque muestra nuestra voluntad granítica”.
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