Colau promueve los entierros ‘low cost’ ante el fiasco de una funeraria pública

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no ha conseguido apoyo político para crear una funeraria pública, insiste en plantar cara a los operadores privados y en alertar a la ciudadanía de que enterrar a sus familiares puede ser más económico de los 6.000 euros que cuestan de media. De ahí que impulse un protocolo de "buenas prácticas en información sobre servicios funerarios". Para entendernos: que cuando una persona muera, los profesionales o sanitarios que atiendan a la familia informen de cuáles son sus derechos y tarifas básicas antes de que les atienda una funeraria. Que sepan que por 2.300 o 2.500 euros se puede enterrar, aunque sin velatorio ni ceremonia.

De estas cantidades, 1.800 euros corresponden a los servicios obligatorios de las funerarias (recogida y preparación de la persona fallecida, ataúd y traslado hasta el cementerio o el crematorio). Sobre el resto, en caso de que la familia disponga de un nicho, el entierro cuesta 500 euros y si se quiere incinerar al fallecido, 700. Entierro o incineración son dos servicios que ofrecen los cementerios municipales.

 El concejal de presidencia, Eloi Badia, ha recordado la existencia de informes que aseguran que los entierros en la ciudad pueden costar más de 6.000 euros y que en verano pasado el Ayuntamiento consiguió pactar con las funerarias tarifas bonificadas en función de la renta. De los trabajos para crear una funeraria y el debate que se creó, Badia ha subrayado este miércoles que surgió la idea de "garantizar métodos con información más transparente que evitara prácticas como el dirigismo" a los dos operadores de la ciudad, Altima y Mémora.

"Informar claramente de que se pueden ofrecer servicios funerarios [sin entierro] por 2.000 euros o con velatorio por 3.000, o de que hay tarifas bonificadas", ha dicho Badia. Y ha afirmado que “lo que hubiera permitido resolverlo todo de una vez era la funeraria, un proyecto que sigue sobre la mesa”.

Desde el sector, Josep Ventura, de Altima, ha destacado que el consistorio ya dispone de “herramientas para garantizar unas buenas prácticas sin necesidad de establecer protocolos paralelos”. La ordenanza de Servicios Funerarios ya permite multar si se detectan malas praxis, ha afirmado la empresa.

El protocolo hace constar que los ciudadanos tienen derecho a tener "información sobre las empresas que operan con independencia de donde se ha producido la defunción o donde se quiere hacer el entierro o incineración, sin tratos preferenciales desde un centro o servicio hacia una o más empresas". También establece que se explicará a los ciudadanos "cuáles son los servicios considerados obligatorios y cuales los opcionales". Y por último, a las familias que tienen un seguro de defunción, se les informará de que si el entierro que realizan es más económico del que tienen contratado, pueden pedir que les devuelvan dinero.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ve imprescindible el protocolo porque, argumenta, "en un momento de vulnerabilidad, la falta de información añade mayor vulnerabilidad, la información es importante". Ortiz ha explicado que los primeros en utilizar el protocolo serán los servicios municipales: servicios para personas mayores, residencias y trabajadores sociales. En el futuro, el protocolo se extenderá a los centros sanitarios.

La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, celebró el protocolo, porque “asegura la transparencia y competencia” y recordó que desde 2015 ha recibido unas treinta quejas sobre el elevado coste de los servicios funerarios en la ciudad.