Colau se resiste a tirar la toalla con el proyecto de la funeraria pública

La idea del gobierno de la alcaldesa Ada Colau de crear una funeraria pública para reducir el precio de los entierros en Barcelona está en punto muerto. El proyecto, presentado en noviembre de 2016 tuvo de entrada una buena aceptación, y llegó a aprobarse inicialmente en comisión, sin oposición por parte del resto de partidos. Pero en abril del año pasado el ejecutivo tuvo que retirar el proyecto del pleno por falta de apoyos. La oposición da el proyecto por enterrado, mientras el concejal de Presidencia, Eloi Badia, asegura que “el no es político, no hay razones objetivas” y que no renuncian a hacerlo realidad.

Badia asegura que se han estudiado todas las propuestas de la oposición. ERC, relata, pidió estudiar la recompra del operador que el Consistorio se ha ido vendiendo desde mediados de la década pasada y del que solo mantiene un 15%. “No es viable”, asegura. El PDeCAT habló de rescatar salas, velatorios, “pero la liberalización del sector mantiene que no responde a interés público, no se puede expropiar”. Los grupos cuestionan que con las seis salas para velatorio que propone Colau, en un mercado con 90 y una ocupación media del 50%, sea posible incidir en el precio. La funeraria pública prevé una tarifa estándar de 3.800 euros por entierro, un 30% de rebaja.

La oposición dice que el gobierno no les ha llamado desde el verano pasado. “El tema está parado”, coinciden. Badia lamenta el “no” a un proyecto que, inicialmente, “iba con un tiro”. Reconoce que con la agenda marcada por el proceso independentista es complicado sentarse a negociar. “Nosotros no renunciamos, veremos si en tres meses podemos volver a hablar”, después de las elecciones de diciembre.

Desde el PDeCAT, la concejal Sònia Recasens “reprueba la forma de gobernar de Colau”. “Lanzan un titular para poner en el imaginario que bajarán los precios de los entierros pero luego son incapaces de encontrar la fórmula y el consenso para hacerlo”, dice y apuesta por mejoras en la gestión antes de crear una funeraria pública. Además, cuestiona la capacidad del equipo de la alcaldesa para gestionar un tanatorio tras el derrumbe de 140 nichos en septiembre en el cementerio de Montjuïc. Recasens se muestra convencida de que el Ayuntamiento tendrá que acabar pagando indemnizaciones a las familias afectadas, que ya se han puesto en manos de un abogado, lo que podría perjudicar la inversión prevista. Badia remarca que son cuestiones distintas. Por parte de ERC, el concejal Jordi Coronas exige al gobierno municipal que haga un plan de empresa que demuestre la capacidad real de incidir en el precio. “No queremos titulares, queremos soluciones”, resume: “Igual es mejor un convenio con los operadores o que entren nuevos”. Y desde Ciutadans, Koldo Blanco asegura que “la propuesta sobre la funeraria pública está muerta”. “No nos han comunicado nada, es un tema que genera polémica e inquietud entre los trabajadores tanto de la funeraria como de la empresa de cementerios, dudamos que sea la mejor opción para fomentar la competencia y desconfiamos de la gestión que pueda hacer Colau”, apunta.

Los dos operadores del sector, Memora y Àltima, acusan al consistorio de actuar con poco rigor y aseguran que los entierros no cuestan lo que dice el Consistorio. El consejero delegado de Memora, Juan Jesús Domingo señala que crear una funeraria pública “sería crear una empresa para unos servicios que ya existen” y asegura que en su oferta siempre ha habido servicios a partir de 2.000 euros.