Puesta a punto de castillos, iglesias, yacimientos y edificios protegidos de 200 municipios

A la Diputación de Barcelona le corresponde históricamente asumir la conservación y restauración del patrimonio monumental de los municipios de la demarcación. Lo hace desde hace más de un siglo, en concreto desde el 9 de junio de 1914, cuando se creó el Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local. Fue uno de los primeros organismos dedicados al cuidado del patrimonio y una de las restauraciones más emblemáticas que ha realizado ha sido la del Palau Güell de Barcelona. Cada año destina parte de sus recursos a la mejora del patrimonio cultural y en 2018, coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, la institución hizo un llamamiento a los ayuntamientos de las 12 comarcas barcelonesas para que presentaran proyectos de mejora de su patrimonio arquitectónico.

Se presentaron 300 propuestas y 201 de ellas fueron aceptadas. Hay de todo: castillos -como el de Jorba, el de Sant Miquel de Montornès del Vallès o el de la Tossa de Santa Margarida de Montbui- , torres – como la de guaita de Sant Vicenç de Montalt o la el Castell de Merola de Puig-reig- , edificios singulares – como la continuación de las obras de mejora en la que fue la Casa Puig i Cadafalch en Argentona- , e intervenciones arqueológicas – como las de Calders, Fígols, La Llacuna o Moià- y numerosos equipamientos, modernos o antiguos, muchos de los cuáles no podrían funcionar sin un proyecto de rehabilitación. Entre los proyectos, destaca, por numerosas, las reformas de iglesias y ermitas diseminadas en las 12 comarcas barcelonesas.

De forma extraordinaria se destinarán en un año un total de 23,5 millones de euros que han sido repartidos entre las propuestas que han recibido un máximo de 200.000 euros y municipio si se trataba de la rehabilitación de edificios, o de 45.000 si eran trabajos en yacimientos arqueológicos: “es una inyección de inversión difícil de encontrar en otras administraciones”, señalaba Marc Castells, en la presentación de la iniciativa. Las subvenciones se harán efectivas este año y las intervenciones sobre el terreno se realizarán a lo largo de 2019. “Lo más importante es que los recursos servirán para poner en marcha edificios que hasta ahora no se podían utilizar o mejorar las condiciones de seguridad y su funcionalidad de muchos otros”, ha remarcado Castells.

En el caso de las intervenciones en yacimientos, uno de los motivos de los ayuntamientos que las plantearon era organizar actividades, como visitas, para difundir su valor patrimonial. Y, de paso, poder obtener algún tipo de ingreso. “El común denominador de la mayoría de ellos es que se trata de patrimonio muy apreciado por la población”, ha añadido el presidente de la Diputación. En ocasiones, como en Santa Maria de Palautordera, la propuesta ha sido dar un nuevo uso a un edificio preexistente: convertir la estación de ferrocarril en un centro de dinamización de turismo.

La calidad del proyecto, que debía perseguir la recuperación del patrimonio, la viabilidad futura de la propuesta, la idoneidad de la intervención y la cofinanciación eran los criterios de selección de las propuestas de los ayuntamientos. “La implicación económica de los consistorios es importante porque demuestra el interés real”, ha comentado Joan Closa, jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación. Una cofinanciación que se ha escalado en función de los habitantes de las poblaciones aunque han quedado fuera algo más del 20% con menos de 1.000 habitantes. En esos casos, la inversión total ha sido asumida por la Diputación. La gran mayoría de las propuestas eran sobre edificios con algún tipo de protección.