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La Generalitat acelera el trámite para obligar a hacer el 30% de vivienda social

Urbanismo adelantará la reunión de la Subcomisión que debe aprobar la modificación

Entidades vecinales y representantes de Barcelona en Comú, PSC y ERC antes de la aprobación de la modificación del PGM.
Entidades vecinales y representantes de Barcelona en Comú, PSC y ERC antes de la aprobación de la modificación del PGM. EL PAÍS

El gobierno de la Generalitat acelerará el trámite para aprobar, o no, la modificación de planeamiento en Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de sus proyectos a vivienda asequible. La modificación tiene que recibir el aval jurídico en la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, cuya próxima reunión estaba prevista para el día 5 de diciembre. Pero ayer, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio de la Generalitat, Agustí Serra, reveló que la reunión se adelantará y que “posiblemente” se podrá aprobar.

Aunque ambiguas, las palabras de Serra son un avance en la tramitación de la norma. Hasta ahora la Generalitat había mostrado reparos ante la seguridad jurídica de la modificación del gobierno de la alcaldesa Ada Colau, contra la que el sector inmobiliario ha puesto el grito en el cielo, porque entienden que les perjudica.

“Compartimos el objetivo genérico, el país necesita mayor cantidad de vivienda de protección. Pero hay cuestiones a pulir y mejorar”, dijo sin entrar en detalle. “Una vez las solventemos, elevaremos el texto al organismo colegiado”, afirmó después de una reunión con el Ayuntamiento y las entidades promotoras de la nueva norma (entidades vecinales, PAH, Observatorio DESC y Sindicato de Inquilinos).

De hecho, tanto las entidades como la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, sí se mostraron convencidas de que la modificación se aprobará. “La medida se aprobará y entrará en vigor en las próximas semanas”, afirmó la portavoz de la PAH, Lucía Delgado a la salida de la reunión. En la misma línea se expresó la concejal, que aseguró que la reunión sirvió para “clarificar dudas jurídicas para hacer la norma más fuerte y que pueda ser aprobada en las próximas semanas”.

El trámite que afronta ahora la modificación del Plan General Metropolitano (el PGM) no es una negociación política en la que se pueda tocar el texto que aprobó el Ayuntamiento. Se trata exclusivamente de analizarlo desde un punto de vista jurídico.

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